Causa penal por apropiación de 250 mil hectáreas en Santiago: los Masoni siguen sin presentarse Causa penal por apropiación de 250 mil hectáreas en Santiago: los Masoni siguen sin presentarse
Una de las causas penales más emblemáticas de los últimos años, por la gran cantidad de campos supuestamente apropiados, es la que tiene a los empresarios Guillermo Jorge Masoni y Ricardo Daniel Masoni, como principales imputados por asociación ilícita, acusados de haberse quedado de manera ilegal con más de 250 mil hectáreas en el interior santiagueño y de haber desalojado mediante engaños y con uso de violencia a decenas familias originarias.
El proceso judicial se encuentra en estos momentos a la espera de que la Justicia decida sobre una apelación de los inculpados. ¿De qué se trata? La Justicia los investigó, ordenó que fueran detenidos, los acusados presentaron un pedido de eximición de prisión, les fue denegado y de inmediato presentaron una apelación que debe ser resuelta próximamente. De todos modos, cuando antes de la apelación, los oficiales de justicia los fueron a buscar a las oficinas propias que poseen en calles Florida 890 Piso 21 (Caba) no los pudieron encontrar.
La causa penal, además tiene como imputado a Ariel Singolani, un directivo de las empresas de los Masoni, entre otros. El proceso fue iniciado en el año 2013 por la Dra. Leticia Mabel Bravo, ya fallecida, y hoy es continuado por el Dr. Carlos Weyenbergh.
“Este tema se inició con la denuncia que consta en el expediente N° 1586/2013, –dijo el Dr. Carlos Weyembergh-, que tuvo y tiene como objetivo demostrar el origen ilegal de la confección de supuestos títulos de propiedad usados por los imputados para adueñarse de 250 mil hectáreas en el interior santiagueño, algunas de las cuales ya fueron vendidas a terceros”.
¿Pero, cómo comenzó el supuesto ilícito? Los campos, ubicados en los departamentos Taboada, Belgrano y Juan Felipe Ibarra, originalmente pertenecieron a empresas británicas. “En 1943 se forma Jungla SA sociedad vinculada con capitales ingleses cuyo objetivo económico giraba en torno a la explotación forestal y sus intereses eran custodiados por José Masoni. Pero en el 47 fueron expropiadas y nacionalizadas en el Gobierno de Juan D. Perón, o sea pasan a ser de la Nación. La problemática social se genera en la provincia, por eso se tramita aquí, pero la provincia no tiene nada que ver con cuestiones de tipo políticas en este tema como se quiso hacer creer”, detalló Weyenbergh (Ver aparte).
“Luego de la expropiación de Perón nadie hizo nada en esas tierras. En los años 64 y 65, comienza el ilícito, José Masoni y Ricardo Masoni fabrican títulos falsos sobre esas propiedades, luego, en los 80 aparecen los ahora imputados asegurando a los pobladores rurales que estaban allí asentados, que eran los dueños y los engañaron -afirma Weyenbergh-, a muchos les hicieron firmar boletas de compraventa por una pequeña área, pero hacían constar en esos documentos que ellos eran dueños de una enorme otra cantidad de hectáreas”.
“Todo esto está documentado en las denuncias, no es algo que se inventó, hay pruebas presentadas, la orden de detención de estos señores no fue caprichosa, el juez falló conforme a la sobreabundancia de las pruebas”, sostuvo el denunciante. Dijo que la gran cantidad de pruebas recopiladas permitió a los investigadores “confirmar una asociación delictiva cuidadosamente armada para la apropiación de tierras, que ni siquiera tenían como finalidad una explotación productiva, sino la ejecución de simples operaciones de venta que les redituaría ganancias inmediatas a través de compradores que también resultarían estafados con importantes sumas de dinero, porque los imputados son desarrolladores inmobiliarios, no son productores agropecuarios”.
Actualmente la causa está en órbita de la jueza María del Huerto de Suárez y la fiscal es la Dra. Gabriela Gauna.
“Para eludir a la Justicia, los Masoni intentar politizar el caso”
El Dr. Carlos Weyembergh aseguró que los Masoni intentan "politizan" la causa para eludir a la Justicia. "No se allanaron las oficinas de Macri, no se secuestró documentación. La policía fue a las oficinas que desde siempre ellos tienen en Florida 890. Ahí en esas oficinas se armaron los papeles truchos para quedarse con los campos en 1964 y 1965”.
"Siempre se manejaron presentando recusaciones y contradenuncias, en 2012 denunciaron a varios abogados, entre ellos a mí, por asociación ilícita por supuestamente querer apropiarnos los campos; con ese ardid me querían frenar, porque saben que yo tengo toda la documentación que prueba que todos sus los papeles eran truchos, obviamente me sobreseyeron por el peso de las pruebas".
“¿Cómo van a hablar de persecución política si yo fui el primer candidato a diputado de Macri en 2009? Es una falacia que están tratando de instalar”, señaló Weyemberg. “También dijeron que tenía supuestos vínculos con el Mocase, pero nada que ver, también quieren hacer aparecer al gobierno de la provincia como que está detrás de esto, pero nada más alejado de la verdad, esas tierras son nacionales, expropiadas por Perón en ejercicio del Ejecutivo nacional, aquí la provincia no tiene nada, se tramita en fueros locales porque el impacto social del ilícito es sobre numerosas familias de pobladores engañados y porque hay que impedir que sigan vendiendo tierras que nunca les pertenecieron”, concluyó Carlos Weyenbergh.
Fuentes de la causa sostuvieron que desde Fiscalía de Estado se habría efectivamente señalado que la provincia no tiene injerencia en este litigio.








