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Ordenan entregar 51% de YPF a beneficiarios del juicio por expro

El fallo se encuadra en la demanda por la que el Estado fue condenado a pagar más de U$S 16.000 M. por haber expropiado mal la petrolera en 2012.

CFK ex presidenta y el ya fallecido Enrique Eskenazi quien adquirió YPF sin poner un dólar en 2008 Luego se expropió en 2013

CFK, ex presidenta, y el ya fallecido Enrique Eskenazi, quien adquirió YPF sin poner un dólar en 2008. Luego, se expropió en 2013.

01/07/2025 06:00 Política
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La justicia estadounidense ordenó en sendos fallos que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar US$16.100 millones, pero además en otro fallo ordenó que le entregue las acciones en su poder de YPF al fondo buitre Bainbridge, que cuenta con una sentencia a su favor y en contra del país por US$ 95 millones más intereses por la deuda en default.

Ambas órdenes fueron dictadas por la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en línea con la exigencia elevada a principios del 2025 para que la Argentina brinde información sobre activos, entre los que incluyó el oro y acciones de otras empresas estatales. El fallo responde a una presentación judicial por parte de los demandantes para lograr cobrar el monto establecido en la condena, que permanece impago, otorgando un plazo de dos semanas para cumplir con la cesión de las acciones de YPF. Preska dispuso que "se ordena a Argentina transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden".

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Asimismo, determinó "instruir a BNYM para que inicie una transferencia de los intereses de propiedad de Argentina en sus acciones Clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta". La resolución judicial adversa para el país puede ser apelada a la Corte de Apelación. El gobierno argentino ya apeló en 2023 la condena inicial, por la que debería haber depositado una garantía para evitar los embargos. En la argumentación del dictamen, la jueza sostuvo que "las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida", indicando que "las acciones de una empresa son libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York".

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