Salud mental en Argentina: una crisis silenciada en un sistema fragmentado

Por el Dr. Gabriel Santángelo, docente asociado de Psicología, Salud Pública y de la Lic. en Gestión de Servicios de Salud de UADE.

No es novedad que la pandemia por COVID-19 dejó marcas profundas en la salud de la población mundial: no sólo en términos biológicos, sino también emocionales y sociales. En Argentina, el impacto psicológico fue evidente: se triplicaron las consultas por ansiedad, depresión y trastornos vinculados al estrés, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, el abordaje de la salud mental sigue siendo una deuda pendiente de nuestro sistema sanitario, caracterizado por una fragmentación estructural que limita la accesibilidad, la continuidad de cuidado y el acompañamiento sostenido.

En este contexto, aquel doloroso episodio ocurrido en el barrio porteño de Villa Crespo -donde Laura Leguizamón fue señalada como la responsable de asesinar a su marido y a sus dos hijos antes de quitarse la vida- expone con crudeza las consecuencias más trágicas de un sistema que aún no logra proteger adecuadamente la salud mental de sus ciudadanos. Casos como este no son hechos aislados, sino la expresión de una crisis que se arrastra desde hace años y que, a pesar de ser advertida por profesionales, instituciones y organismos internacionales, sigue sin ser atendida con la urgencia necesaria.

La Ley Nacional de Salud Mental (N.º 26.657) estableció desde 2010 un paradigma de derechos humanos, inclusión y abordaje integral, que busca sustituir el modelo asilar por uno comunitario, basado en la atención interdisciplinaria y la integración social. Sin embargo, la implementación efectiva ha sido dispareja y, en muchos casos, meramente declarativa. La coexistencia de subsectores -público, privado y de la seguridad social- con escasa articulación y sin mecanismos efectivos de derivación o continuidad terapéutica fragmenta la experiencia del paciente y agrava la exclusión. 

Muchas veces, quienes buscan ayuda encuentran puertas cerradas: turnos diferidos, falta de profesionales, escasa cobertura de tratamientos y barreras económicas que dificultan el acceso. Hoy las agendas de los psicólogos clínicos privados no cuentan con disponibilidad. Aun siendo uno de los países con mayor cantidad de psicólogos per cápita, es difícil conseguir turnos, y esto en el sector público tiene una magnitud exponencial. 

El aislamiento social obligatorio, las pérdidas laborales, la situación económica, los duelos no elaborados y la incertidumbre persistente desde 2020 agudizaron trastornos preexistentes y dispararon nuevos cuadros. No se trata sólo de un incremento en los diagnósticos, sino también de una mayor complejidad en los casos y de una demanda que los servicios actuales no están en condiciones de absorber. Sin embargo, el gasto en salud mental sigue siendo menor al 10% del presupuesto de salud en la mayoría de las jurisdicciones, y gran parte se destina aún a dispositivos monovalentes o manicomiales, en contra de las recomendaciones internacionales, que promueven servicios integrados en hospitales generales y redes comunitarias.

Además, la estigmatización persiste. Hablar de salud mental aún se asocia con "debilidad" o "locura", lo que lleva a que muchas personas no consulten, y cuando lo hacen, ya es tarde. La carga simbólica negativa, sumada a la falta de información clara y accesible, impide una verdadera cultura del cuidado en este ámbito. En muchos casos, el sufrimiento se vive en silencio, por miedo al rechazo o a las consecuencias sociales de un diagnóstico.

Frente a esta realidad, urge reforzar los dispositivos de atención primaria en salud mental, garantizar equipos interdisciplinarios en el primer nivel de atención, fortalecer las redes comunitarias y capacitar a profesionales de todos los sectores en detección temprana y acompañamiento. La articulación entre los subsectores es imprescindible para evitar que las personas queden a la deriva entre burocracias y compartimentos estancos. También es fundamental generar políticas públicas sostenidas que promuevan la inclusión laboral, educativa y social de las personas con padecimientos mentales, así como campañas masivas de concientización que derriben prejuicios y habiliten la palabra.

La salud mental debe dejar de ser el "último ítem" en la agenda sanitaria. La sociedad y el Estado deben construir un modelo solidario, preventivo e inclusivo, donde nadie sienta que pedir ayuda es inútil. Porque, como nos recordó con dolor este reciente hecho, cuando el sistema falla, las consecuencias pueden ser irreversibles.