El Gobierno denunció espionaje ilegal tras la filtración de audios atribuidos a Karina Milei

El Gobierno nacional presentó este lunes una denuncia penal en los tribunales federales a raíz de la difusión de audios en los que se escucharía la voz de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, presuntamente grabados dentro de la Casa Rosada. Según señalaron desde Balcarce 50, se trata de una "operación de inteligencia ilegal" que busca desestabilizar al Poder Ejecutivo en plena campaña electoral.

La presentación, impulsada por el Ministerio de Seguridad, no solo alcanza a las grabaciones vinculadas a Milei, sino también a los audios que días atrás involucraron al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. En ambos casos, el Ejecutivo reclamó medidas cautelares "urgentes" para impedir nuevas filtraciones, prohibiendo a medios, plataformas digitales y particulares difundir material relacionado con la causa.

"Esto no fue una filtración, fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, al anunciar la denuncia. Desde el Gobierno sostienen que se trató de la "captación clandestina, manipulación y difusión escalonada" de conversaciones privadas, incluso con la posibilidad de que las grabaciones se hayan hecho dentro del propio palacio presidencial, lo que calificaron como "una amenaza inédita a la seguridad institucional".

En la presentación judicial, el oficialismo apuntó contra un grupo de nombres concretos: el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quienes se acusa de formar parte de la maniobra. Además, la Casa Rosada sugirió que detrás de la operación existirían "patrones similares a campañas de desinformación atribuidas a intereses extranjeros", entre ellos Rusia y sectores vinculados al chavismo.

La denuncia se conoció tras la divulgación de fragmentos de supuestas charlas de Karina Milei, en las que no se mencionan delitos pero sí reflejarían discusiones de la interna libertaria. Para el oficialismo, la publicación de esas grabaciones busca "condicionar ilegítimamente" el proceso electoral y "generar caos y desinformación" a pocos días de los comicios en la provincia de Buenos Aires.

"Los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia. No se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina", remarcaron desde la Casa Rosada.