Audios de Karina Milei: el juez que prohibió difundir el material acumula denuncias por acoso sexual

El juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, quien resolvió prohibir la difusión de los supuestos audios de Karina Milei, enfrenta actualmente ocho denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura, cinco de las cuales corresponden a acusaciones por acoso sexual a empleadas judiciales.

Una de las medidas preventivas adoptadas en el marco de estas denuncias fue la disposición de una consigna policial en su juzgado durante el horario laboral, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes allí trabajan. Esta medida fue impulsada por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) en septiembre de 2024, tras recibir múltiples reportes de situaciones de violencia laboral y hostigamiento.

Maraniello ya fue notificado formalmente de los cargos que se le imputan, en el marco del procedimiento establecido por el artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina del Consejo, presidida por el consejero abogado César Grau. El magistrado, según trascendió, niega rotundamente las acusaciones y sostiene que se trata de "falacias".

Las denuncias se tramitan en la Comisión de Disciplina, que evalúa la posibilidad de aplicar sanciones administrativas, como descuentos salariales. Sin embargo, si alguna causa se agrava, podría ser derivada a la Comisión de Acusación, que tiene la facultad de impulsar un juicio político para la remoción del juez.

Entre los cinco casos vinculados a acoso sexual, se destaca el testimonio de una joven empleada que denunció haber sido hostigada por Maraniello a menos de una semana de ingresar a trabajar en su juzgado. Según su relato, accedió a salir con él fuera del ámbito laboral por miedo a perder su empleo. Durante ese encuentro, habría sido víctima de tocamientos y besos no consentidos, y más tarde, según denunció, se sintió obligada a mantener relaciones sexuales para poner fin al acoso.

Otro expediente reúne el testimonio de una agente judicial que denunció haber recibido mensajes indebidos, comentarios sobre su vestimenta, miradas lascivas y maltrato por parte del juez, todo esto al negarse a acceder a propuestas fuera del entorno laboral. La víctima aseguró que los episodios continuaron con acercamientos físicos forzados, lo que la llevó a medicarse e incluso a tener ideas suicidas antes de animarse a formalizar la denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.

Este último caso llegó hasta la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), donde la víctima ratificó sus dichos, aunque manifestó no querer iniciar una acción penal. No obstante, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que, dada la condición de funcionario judicial de Maraniello, podrían configurarse delitos de acción pública, y derivó el expediente a la jueza María Servini y al fiscal Carlos Stornelli.

Los expedientes en su conjunto contemplan acusaciones por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento del Poder Judicial. Muchos de ellos fueron derivados por la Cámara Contencioso Administrativa y la Oficina de Bienestar, y parte de la documentación se encuentra reservada en anexos confidenciales.

El sindicato judicial denunciante subrayó que, a medida que avanza la investigación, siguen apareciendo nuevas víctimas y testimonios sobre hechos ocurridos en distintos momentos y circunstancias. En uno de los casos, se señala que el juez habría menospreciado a una empleada por ser hija de un camionero y estudiante universitaria de primera generación, dejando en evidencia un patrón de violencia simbólica y clasismo.

A pesar de la gravedad de las denuncias, el juez mantiene activa su presencia institucional, con una página web donde exhibe su currículum, sus más de 20 libros publicados y su rol como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, detalla el portal de La Nación.