El hallazgo surgió de una auditoría interna en la ANDIS y fue validado con datos del RENAPER. En el Gobierno evalúan avanzar judicialmente contra beneficiarios y prestadores involucrados.
Detectan más de 178 mil certificados de discapacidad activos a nombre de personas fallecidas Detectan más de 178 mil certificados de discapacidad activos a nombre de personas fallecidas
En medio de la discusión por la Ley de Emergencia en Discapacidad —que finalmente no será derogada—, una auditoría impulsada por el Poder Ejecutivo encendió nuevas alarmas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según confirmaron fuentes oficiales, se detectó que al menos 178 mil titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) figuran como activos en el sistema pese a haber fallecido, continuando con la percepción de beneficios estatales.
La irregularidad fue corroborada mediante el cruce de información con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior, y surgió como parte del proceso de revisión iniciado tras la salida del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, envuelto en una fuerte polémica por la difusión de audios que lo vincularían a un presunto circuito de pedidos de coimas. En los últimos días, el exfuncionario presentó un informe pericial ante la Justicia en el que sostiene que las grabaciones fueron manipuladas mediante inteligencia artificial.
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De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, el interventor Alejandro Vilches, sanitarista designado para conducir la ANDIS tras la renuncia de Spagnuolo, detectó las anomalías durante la auditoría y dio luz verde a la baja de los certificados observados. En paralelo, en Casa Rosada analizan la posibilidad de judicializar tanto a quienes continuaron percibiendo los beneficios como a los prestadores que habrían participado del circuito irregular.
"Se trata lisa y llanamente de una estafa al Estado", sostuvo una fuente con conocimiento directo del tema, y agregó que se avanzará en el cruce de datos entre los fallecidos y los prestadores para determinar responsabilidades y evaluar acciones legales.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito que acredita la condición de discapacidad y permite acceder a diversas prestaciones estatales. Su otorgamiento está a cargo de una Junta Interdisciplinaria que evalúa cada caso de manera individual.
El hallazgo forma parte de un conjunto de inconsistencias detectadas en el organismo, que motivaron al Gobierno a ordenar el pasado 28 de agosto una auditoría integral. El proceso incluyó la revisión de contratos y procedimientos internos, luego de que Spagnuolo acusara públicamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al armador político del Interior, Eduardo "Lule" Menem, por supuestos pedidos de coimas. Los resultados finales aún no fueron concluidos y podrían hacerse públicos hacia el cierre del primer trimestre de 2026.
En Balcarce 50, las críticas hacia el exfuncionario se multiplicaron tras la viralización de los audios. Desde la Casa Rosada señalan que reportaba escasamente la actividad del área y que sostenía un vínculo directo con el presidente Javier Milei, al tiempo que cuestionan la falta de controles internos desde el inicio de la gestión. "Es un mentiroso profesional", sintetizó una fuente oficial.
Las irregularidades detectadas llevaron incluso a evaluar la posibilidad de quitarle la autonomía a la ANDIS y que pase a depender del Ministerio de Salud, una alternativa que finalmente fue descartada. Las alertas se profundizaron cuando un informe preliminar reveló un aumento del 27% en la compra de siete medicamentos clave para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, en comparación con las adquisiciones realizadas por la cartera que conduce Mario Lugones.
Hacia el cierre del año, el Gobierno intentó avanzar con la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante la inclusión del capítulo XI en el Presupuesto 2026, una iniciativa que encontró resistencia tanto en la oposición como en gobernadores aliados en la Cámara de Diputados. Si bien el oficialismo planea insistir en el Senado —donde el proyecto obtuvo dictamen la semana pasada—, ahora analiza dejar de lado la derogación y avanzar con una contrapropuesta que introduzca modificaciones al texto aprobado, vetado y luego ratificado por el Congreso, detalla el portal de Infobae.
