Una empresa santiagueña denuncia estafa por más de $ 230.000.000

"Un plan común de coautoría funcional" fue alertado por el titular de una empresa de agroquímicos santiagueña en los tribunales de la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada, al interponer denuncias en contra de un poderoso ganadero y de su hija, atribuyéndoles "estafas e insolvencia económica" en el orden de los 230 millones de pesos.

Las demandas fueron refrendadas por el abogado Rodolfo González en representación de la firma "Sucesores de Antonio Lladhón SRL, con residencia legal en ruta 34, km 566, Colonia Dora, Avellaneda", también a cargo de una estación de servicios.

La primera de la presentación fue elevada en contra de Hugo Daniel Quiñónez, domiciliado en Los Juríes, General Taboada. Los delitos enrostrados son "estafa por libramiento de cheques sin provisión de fondos e insolvencia fraudulenta en concurso real, así también respecto de los partícipes o cómplices más abajo designados".

Trece cheques 

De acuerdo con el letrado, Quiñónez "… como titular de la cuenta del Banco de la Nación Argentina libró a favor de mi mandante 13 cheques de pago diferido por $ 172.570.341. Tenían fechas de vencimiento entre el 30 de junio y 31 de agosto del 2025. Al ser presentados al cobro, todos fueron rechazados por el banco girado bajo la causal Falta de Fondos".

Agregó González que pese a los reclamos y la notificación del rechazo, Quiñónez "no procedió a cubrir los importes dentro de las 24 horas", consumando así el delito reprochado. Subrayó que ello consta en las actas elevadas en "la demanda civil que tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial de Añatuya".

Siempre según la demanda, acto seguido fue materializada "la maniobra de insolvencia. El desmembramiento del dominio", y/o "… un vaciamiento patrimonial estratégico". Para el abogado, el acusado "transfirió la nuda propiedad de sus campos a sus herederos (o terceros vinculados), reservándose para sí únicamente el derecho de usufructo gratuito y vitalicio".

Puesto en contexto, González afirmó: "El denunciado contrajo una obligación multimillonaria ($ 172.570.341) sabiendo de antemano que su patrimonio "registral" era inejecutable, al haber vaciado la nuda propiedad y conservado solo el usufructo, el cual es de muy difícil realización en un remate judicial".

Bien sincronizado

En el extenso escrito, el profesional resaltó que todo fue perfectamente sincronizado. "Existe un modus operandi familiar. Mientras la hija Brianda Quiñónez vende su parte ideal a los hermanos, el padre desmembra el dominio de sus propiedades. Ambas conductas convergen en un único fin: perjudicar a Sucesores de Antonio Lladhón S.R.L".

González enfatizó: "... No existen otros bienes a nombre del denunciado que puedan cubrir la suma de 172 millones de pesos. El desprendimiento de la propiedad sobre las matrículas mencionadas fue el acto que determinó su insolvencia frente a mi mandante".

Ocho cheques por $ 60.693.844 "y una maniobra cual pasamanos familiar"

En idéntico tenor, el abogado accionó en contra de una de las hijas de Quiñónez, también domiciliada en Los Juríes, General Taboada, pero por una operación de $ 60.693.844.

Destaca el letrado, "… contra toda otra persona que resulte coautor, cómplice o encubridor de los hechos que a continuación se exponen, los cuales prima facie configuran los delitos de estafa por libramiento de cheques sin provisión de fondos e insolvencia fraudulenta".

González explicó que "la denunciada mantenía una relación comercial con mi mandante"... "Libró 8 cheques de pago diferido por $ 60.693.844".

Prosiguió que al ser presentados al cobro, todos fueron rechazados por el banco, debido a la "falta de fondos…". Para el abogado, sobrevino después "un ardid e insolvencia provocada". Ante los reclamos "extrajudiciales y la inminencia de la acción ejecutiva, la señora Quiñónez inició una maniobra para desbaratar los derechos de mi parte".

El 11 de julio de 2025, la acusada "… otorgó un poder especial a favor de su madre", plasmado al parecer en una "venta simulada". Basándose en la extensa presentación del letrado, se sabe que "… el 28 de agosto de 2025, mediante escritura Nº 91" autorizada por un notario, "la denunciada (vía su apoderada) vendió su 25% indiviso sobre seis inmuebles rurales a favor de sus hermanos" a quienes se identifica específicamente en la presentación judicial realizada por el demandante.

González amplió que se trató de un fraude: "… Se declara un pago de $ 122.000.000 supuestamente realizado en efectivo", lo cual para el abogado representa "… una cláusula típica de actos simulados entre familiares para evitar el rastreo bancario de fondos que probablemente nunca existieron".

González dejó en claro que los adquirentes no podían ignorar "la situación de insolvencia de la hija de Quiñónez"… "El acto se realiza justo cuando los acreedores ya habían iniciado los reclamos por los cheques rechazados"… "Los hechos descritos no constituyen una operación inmobiliaria genuina, sino una maniobra orquestada para la substracción de activos del patrimonio" de la aludida hija de Quiñónez.

"El acto no es más que un pasamanos familiar para mantener el control del inmueble en el núcleo doméstico", juzgó González. La hija de "Quiñónez otorgó el poder a su madre apenas se hicieron patentes los incumplimientos bancarios"... "Este indicador demuestra la necesidad imperiosa de descapitalizarse ante la inminencia de un embargo", enfatizó.