Irán amenazó con aplicar la pena de muerte a quienes participen o apoyen las protestas

El régimen iraní endureció su postura frente a las protestas que sacuden al país y advirtió que toda persona que participe o colabore con las manifestaciones podrá ser acusada de "enemistad contra Dios", un delito que contempla la pena de muerte en la legislación local. La advertencia fue realizada por el fiscal general Mohammad Movahedi Azad y difundida por la televisión estatal, en medio de una fuerte escalada represiva y un severo bloqueo informativo.

Azad instó a los fiscales a avanzar de manera rápida y contundente contra los manifestantes, a quienes acusó de traicionar a la nación y favorecer intereses extranjeros. En ese marco, reclamó juicios "sin indulgencia ni clemencia" y advirtió que incluso quienes brinden ayuda a los protestantes podrían ser alcanzados por cargos capitales.

Según datos recopilados por Human Rights Activists News Agency (HRANA) y citados por Associated Press, la represión ya dejó al menos 72 muertos y más de 2.300 personas detenidas. Otras organizaciones, como Iran Human Rights, reportaron al menos 51 fallecidos, entre ellos nueve menores de edad, mientras que HRANA elevó la cifra a 65. Las diferencias en los números se explican, en parte, por el apagón de internet impuesto por el gobierno, que impide una verificación independiente de los hechos.

Pese al aumento de la violencia, las manifestaciones continúan y se expandieron por distintos barrios de Teherán y ciudades como Mashhad, Tabriz, Qom, Shiraz y Bandar Abbas. En paralelo, la televisión estatal mostró funerales de integrantes de las fuerzas de seguridad muertos en los enfrentamientos, en un intento de reforzar el control oficial del relato.

El bloqueo de internet, que dejó a amplios sectores de la población sin conexión durante más de 36 horas según NetBlocks, generó fuertes críticas de activistas, cineastas y organizaciones de derechos humanos. Denuncian que la censura busca ocultar la magnitud de la represión y las violaciones a los derechos fundamentales.

Amnistía Internacional y HRANA alertaron sobre detenciones masivas y el uso desmedido de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Desde el exterior, la Unión Europea expresó su condena a la represión: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó las demandas de libertad del pueblo iraní y reclamó la liberación inmediata de los detenidos. En la misma línea se pronunciaron la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Las autoridades iraníes, en tanto, insisten en atribuir las protestas a una supuesta injerencia extranjera. El líder supremo Ali Khamenei calificó a los manifestantes como "vándalos" y responsabilizó a Estados Unidos, mientras que el consejero de seguridad Alí Larijani aseguró que el país se encuentra "en guerra" frente a una conspiración externa.

Las movilizaciones comenzaron el 28 de diciembre, impulsadas por el desplome del rial, la inflación y el agravamiento de la crisis económica producto de las sanciones internacionales. Aunque inicialmente las consignas apuntaban a la situación económica, con el correr de los días derivaron en cuestionamientos directos al liderazgo político y religioso.

En este contexto, crece la preocupación internacional ante una posible intensificación de la represión, especialmente bajo condiciones de censura y aislamiento informativo. Organizaciones y activistas insisten en mantener la atención global sobre la situación en Irán para evitar que los abusos queden fuera del escrutinio internacional.