Acorralado por un fallo federal, el Ejecutivo puso en marcha la norma que intentó vetar y suspender. El nuevo esquema endurece los controles sobre las pensiones y establece auditorías en un plazo de 30 días.
Tras el revés judicial, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad Tras el revés judicial, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad
El gobierno de Javier Milei finalmente oficializó este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una medida que llega ocho meses después de su sanción y tras varios intentos fallidos por parte del Ejecutivo para desactivarla. La puesta en marcha se concretó a través del Decreto 84/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, ante el vencimiento del plazo perentorio impuesto por la Justicia.
La decisión no fue por iniciativa propia, sino consecuencia de un freno legal. Tras un intento de veto y una posterior suspensión de la ley mediante el Decreto 681/2025 (bajo la excusa de falta de partidas presupuestarias), el Juzgado Federal de Campana intervino en diciembre pasado. La Justicia declaró inválida dicha suspensión y fijó hoy, 4 de febrero, como la fecha límite para que la normativa entrara en plena vigencia.
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A pesar de la reglamentación, el Ejecutivo dejó asentado en el texto que no consiente los fundamentos del fallo judicial, aclarando que la medida se toma "sin reconocer hechos ni derechos" en la disputa legal de fondo.
Claves de la nueva reglamentación
El decreto, que lleva las firmas de Milei, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, introduce cambios estructurales en la gestión del sector:
Nuevos criterios para Pensiones: Se redefinieron los requisitos de acceso a las pensiones no contributivas, endureciendo las evaluaciones socioeconómicas y las incompatibilidades con otros beneficios.
Conversión Automática: Todas las prestaciones otorgadas previamente pasarán a denominarse "Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social".
Auditorías masivas: La Secretaría Nacional de Discapacidad (que absorbió las funciones de la disuelta Andis) tiene un plazo de 30 días para presentar un plan de auditorías periódicas y verificar las miles de prestaciones vigentes.
Ajuste Fiscal: El texto insiste en que cualquier acción coordinada con las provincias deberá ajustarse estrictamente a los "recursos disponibles", ratificando la prioridad del equilibrio fiscal que pregonan el presidente y el ministro de Salud, Mario Lugones.
La norma instruye la convocatoria al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los nuevos parámetros de evaluación. Asimismo, se contempla la articulación con el Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, buscando dar una pátina de participación federal a una ley que el oficialismo intentó, por diversos medios, dejar sin efecto, así lo indica el portal de Minuto Uno - Buenos Aires.
