El Gobierno busca aval legislativo para pagar acuerdos con fondos que litigaban contra el país. Apunta a reducir costos y evitar nuevos embargos en el exterior.
Javier Milei envió al Congreso un proyecto para cerrar juicios por la deuda del 2001 Javier Milei envió al Congreso un proyecto para cerrar juicios por la deuda del 2001
El presidente Javier Milei remitió al Congreso un proyecto de ley que busca habilitar el pago de acuerdos alcanzados con fondos acreedores que aún mantenían litigios contra Argentina por el default de 2001.
La iniciativa tiene como objetivo dar respaldo parlamentario a los entendimientos logrados por el Poder Ejecutivo para cerrar causas en tribunales internacionales, donde los demandantes ya cuentan con fallos firmes a su favor.
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Entre los casos incluidos se encuentran los reclamos del fondo Bainbridge, por unos 96 millones de dólares más intereses, y del grupo encabezado por Attestor, que acumula múltiples sentencias favorables por más de 465 millones de dólares. Según el proyecto, los acuerdos prevén pagos por 67 millones y 104 millones de dólares respectivamente, con quitas superiores al 30%.
Desde el Gobierno aseguran que esta estrategia permitirá reducir el costo total de la deuda en litigio, evitar la acumulación de intereses bajo legislación extranjera y poner fin a varias causas abiertas en el exterior.
Uno de los puntos clave es que los acuerdos contemplan el cierre de las acciones judiciales, incluidos intentos de embargo sobre activos argentinos fuera del país. En los últimos años, los acreedores avanzaron en la identificación de bienes del Estado, con foco en participaciones en empresas como YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Además, la aprobación del proyecto permitiría frenar procesos de "discovery", mediante los cuales los demandantes buscan información sobre activos y operaciones financieras del país en el exterior.
El texto también incluye cláusulas orientadas a evitar nuevos litigios y garantizar que los acreedores no interfieran en futuras operaciones de financiamiento o reestructuración de deuda.
El Ejecutivo solicitó un tratamiento urgente, ya que los acuerdos tienen como fecha límite el 30 de abril de 2026. En caso de no ser aprobados a tiempo, podrían caerse y obligar al país a continuar los juicios en condiciones menos favorables.
El conflicto involucra a dos de los fondos que aún mantenían reclamos activos tras la cesación de pagos de hace más de dos décadas. Si bien el monto original rondaba los 600 millones de dólares, fuentes cercanas aseguran que la cifra final sería menor debido a ejecuciones previas sobre garantías.
La estrategia oficial combina la defensa judicial en causas abiertas con la búsqueda de soluciones políticas para cerrar litigios heredados. En ese marco, el Gobierno intenta consolidar una salida definitiva con respaldo del Congreso, otorgándole mayor solidez institucional a los acuerdos alcanzados, menciona el portal TN.
