En la Casa Rosada analizan distintas vías judiciales contra Raúl Ojeda tras la cautelar que benefició a la CGT y decisiones que, según el oficialismo, afectan su derecho de defensa.
El Gobierno avanza con denuncias contra el juez que frenó la reforma laboral El Gobierno avanza con denuncias contra el juez que frenó la reforma laboral
El Gobierno nacional prepara una serie de denuncias contra el juez Raúl Ojeda, quien suspendió parcialmente la reforma laboral al otorgar una medida cautelar a la CGT. Desde el Ejecutivo aseguran que trabajan en distintas presentaciones que se irán conociendo a medida que se formalicen.
En paralelo, ya se presentó una denuncia penal contra el magistrado impulsada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, que solicitó investigarlo por presunto abuso de autoridad.
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Sin embargo, en el oficialismo aclaran que su ofensiva no se limita a la cautelar, sino también a otra resolución del juez vinculada a la representación del Estado en la causa. En ese fallo, Ojeda cuestionó la intervención del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira, al considerar que no estaban matriculados para actuar en el expediente.
Desde la Casa Rosada rechazaron ese criterio y sostienen que la representación del Estado se basa en el cargo y en el marco legal de la Procuración del Tesoro. En ese sentido, aseguran que la medida impactó negativamente en su derecho de defensa.
El conflicto se da en medio de una estrategia judicial del Gobierno para trasladar la causa al fuero contencioso administrativo. De hecho, el Estado ya había presentado un recurso de per saltum ante la Corte Suprema y una inhibitoria que fue aceptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, que solicitó el expediente al fuero laboral.
En el Ejecutivo consideran que las decisiones de Ojeda agravaron la disputa, ya que, según su interpretación, el magistrado mantuvo su intervención en una causa que el Estado intenta mover de jurisdicción y además avanzó sobre quiénes pueden representar oficialmente al Gobierno.
Mientras tanto, el equipo jurídico de Balcarce 50 evalúa distintas alternativas que incluyen presentaciones ante el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema y posibles denuncias penales, en un escenario de fuerte tensión política y judicial.
