Cuando la violencia también es digital: el caso de Shadya Altamirano, muerta en Santiago del Estero

La muerte de la joven abogada santiagueña Shadya Verónica Altamirano, en la ciudad de Pinto, vuelve a poner en primer plano una problemática tan extendida como muchas veces invisibilizada: la violencia de género en su forma más compleja, donde lo físico, lo psicológico y lo digital se entrelazan.

La joven de 29 años fue hallada sin vida el sábado 11 de abril por su papá. Semanas antes, el 1 de marzo, había denunciado a su expareja en la Comisaría 17, tras una relación de nueve años que, según su testimonio, se había vuelto "insostenible".

En su presentación, detalló situaciones de maltrato psicológico, verbal, físico y sexual, además de amenazas reiteradas vinculadas a la difusión de material íntimo. Incluso, señaló que el acusado habría compartido un video privado en un grupo de WhatsApp.

El caso no solo conmociona por su desenlace, sino también por lo que deja entrever: una cadena de violencia previa, advertencias explícitas y una denuncia formal que, en los hechos, no logró evitar la tragedia, a  pesar de que la Justicia asegura que tomó medidas. ¿Por qué siempre se termina criticando la actuación tardía de los organismos de protección? ¿Cómo evitamos como sociedad estos hechos de extorsión? ¿Qué jurisprudencia existe? ¿Y el rol de los organismos públicos?

EL LIBERAL consultó a profesionales y militantes para tratar de entender este flagelo y responder los interrogantes.

La dimensión psicológica

Si el caso expone fallas institucionales y sociales, también revela con crudeza el impacto invisible que este tipo de violencias genera en las víctimas. Desde la psicología, el daño no es lineal ni superficial: atraviesa la identidad, los vínculos y la vida cotidiana.

Las psicólogas e investigadoras santiagueñas Laurencia Silveti y Gabriela Salvatierra Rojo así lo advierten, remarcando a la vez que este tipo de situaciones no pueden reducirse a un episodio puntual.

"Se trata de una forma de violencia contra la intimidad, la identidad y el control sobre los cuerpos. Desde la psicología social, puede pensarse como una desposesión simbólica: la persona pierde el control sobre su propia imagen y sobre cómo circula en el espacio social. Es frecuente la aparición de miedo constante, vergüenza, culpa, ansiedad e incluso aislamiento. Muchas personas viven en un estado de hipervigilancia ante la posibilidad de que ese material sea difundido, lo que genera una sensación permanente de amenaza y pérdida de control", explica a EL LIBERAL Laurencia Silveti, docente e investigadora Unse/Indes.

En ese escenario, el impacto emocional es profundo y persistente, según añade Gabriela Salvatierra Rojo, pero el daño no se limita a lo individual. La especialista e investigadora, subraya que las consecuencias se expanden a múltiples dimensiones de la vida: "No se trata de una situación aislada. Estos hechos afectan lo laboral, lo académico, lo familiar y lo social, deteriorando redes de sostén y condiciones de vida. Por eso es clave entenderlo desde una perspectiva de salud colectiva. La violencia digital es una extensión de las violencias de género tradicionales, con las mismas lógicas de control y disciplinamiento, pero con características propias: mayor alcance, posibilidad de viralización y permanencia en el tiempo. No es la tecnología la que produce la violencia, sino las relaciones de poder que la atraviesan".

- ¿Qué lugar deberían ocupar las instituciones encargadas de proteger y/o cuidar en estos casos?

Muchas veces las instituciones no logran estar a la altura. Esa complejidad exige respuestas acordes. No alcanza con recibir la denuncia, que en sí misma muchas veces ya es un obstáculo. Es necesario intervenir de manera rápida, evitar la revictimización y garantizar protección efectiva. La respuesta institucional debe ser integral: psicológica, social y legal.

-En estos casos, muchas víctimas no denuncian o lo hacen tarde. ¿Qué factores emocionales o sociales influyen en ese silencio?

El silencio no es pasividad. Muchas veces es una estrategia de supervivencia. En contextos donde la violencia está naturalizada, estas situaciones no siempre se reconocen como tales. A eso se suman el miedo a la exposición, la vergüenza, la culpa y el temor a no ser creídas. La posibilidad de denunciar puede percibirse incluso como un riesgo mayor. Experiencias previas de revictimización o la sensación de que nada va a cambiar refuerzan esa decisión de callar.

Cambio cultural y "desarmar la culpabilización de las víctimas"

No siempre son evidentes, pero existen indicadores que pueden alertar al entorno cuando se está pasando por una situación similar a la de Shadya, según exponen las psicólogas. Tanto es así que remarcan cambios en el estado anímico. Luego de conocerse el hecho de la joven abogada, su mamá había explicado ante actores públicos que notaba a su hija vulnerable psicológicamente.

Ante este escenario, Silveti y Salvatierra Rojo coinciden: "Hay cambios en el estado de ánimo: aislamiento, ansiedad, alteraciones del sueño, miedo a vincularse o conductas de retraimiento. También pueden aparecer expresiones de vergüenza o autoculpabilización. No son síntomas aislados, sino respuestas a situaciones de violencia. Se sostienen en una estructura que históricamente ha regulado y sancionado su sexualidad. La amenaza funciona porque existe un contexto social que castiga y estigmatiza. No es solo una agresión individual, sino una forma de disciplinamiento que reproduce desigualdades".

La necesidad de un cambio

¿Qué herramientas o acompañamientos son clave para que una víctima pueda salir de esa situación y reconstruirse emocionalmente?

No hay una única forma de atravesar estas situaciones, pero sí condiciones que ayudan: acceso a redes de apoyo, acompañamiento psicológico con perspectiva de género, asesoramiento legal claro y medidas de protección efectivas. El entorno cercano también es clave: escuchar sin juzgar, respetar los tiempos y sostener el vínculo puede marcar una diferencia enorme.

- ¿Qué deberíamos cambiar como sociedad para que estos casos no terminen en tragedia?

Para que estas situaciones no terminen en tragedia, es necesario un cambio cultural profundo. Desarmar la culpabilización de las víctimas, fortalecer la Educación Sexual Integral y promover una alfabetización digital crítica. También es imprescindible contar con políticas públicas sostenidas, con recursos y articulación real. "No se trata solo del Estado. Es una responsabilidad colectiva: no difundir material íntimo, acompañar a quienes atraviesan estas situaciones y no ser espectadores pasivos de la violencia.

El marco legal: avances, límites y la urgencia de respuestas eficaces

En el plano jurídico, los casos de amenazas con difusión de material íntimo, conocidos como "sextorsión", encuentran hoy en Argentina un conjunto de herramientas que, aunque significativas, aún enfrentan desafíos en su aplicación concreta.

La abogada Natalia Gramajo y las integrantes de la Red de Abogadas Feministas de Santiago del Estero, explican que el país cuenta con un entramado normativo que reconoce que el entorno digital también es un espacio donde se vulneran derechos fundamentales.

"Acciones como difundir material íntimo sin consentimiento, el hostigamiento o la vigilancia digital son formas de violencia que deben ser visibilizadas y erradicadas mediante una respuesta jurisdiccional efectiva", señala la profesional.

En ese sentido, menciona leyes clave como la Ley 26.485, la Ley Olimpia (que incorpora la violencia digital como modalidad específica) y la Ley 25.326, que permite exigir la eliminación de contenidos íntimos difundidos sin consentimiento.

A esto se suman figuras penales como la extorsión o la coacción, que pueden aplicarse cuando existe amenaza para condicionar la voluntad de la víctima.

"La mayor dificultad es la preservación de la evidencia"

Sin embargo, el principal obstáculo no radica en la ausencia de normas, sino en la dinámica propia del entorno digital. Gramajo advierte:

"La mayor dificultad es la preservación de la evidencia. La volatilidad de los datos en redes sociales o aplicaciones como WhatsApp, exige una actuación inmediata. Existe una brecha entre el tiempo judicial y la velocidad con la que se propaga el contenido".

- ¿Cómo evalúa la respuesta de la Justicia en este tipo de casos como el de Shadya? ¿Suele ser rápida y efectiva o llega tarde frente al daño ya causado?

-La intervención es realmente efectiva cuando se produce antes de la viralización masiva. Una vez que el contenido ingresa en circuitos de difusión más amplios, la capacidad técnica del Estado para frenarlo se vuelve muy limitada. En esos casos, el derecho debe garantizar al menos una reparación a la víctima. En contextos de alta vulnerabilidad, es fundamental la articulación entre fuerzas de seguridad, Poder Judicial y organismos de asistencia. La víctima debe recibir acompañamiento legal y psicológico desde el primer momento.

"Es necesario el trabajo coordinado"

- ¿Qué sucede cuando una mujer está pasando por algo similar a lo que pasó Shadya en Pinto? Ella pidió ayuda y contención.

-Es necesario el trabajo coordinado y la articulación de todos los actores. Tal como lo establece la Ley 26.485. En ese sentido, el proyecto presentado en abril de 2026 por el senador Gerardo Zamora, apunta a resolver la insuficiencia técnica del Código Penal frente a la violencia digital y la sextorsión. Reconoce que el daño a la intimidad en entornos virtuales no es solo una cuestión de privacidad, sino una vulneración a la dignidad humana en la era digital. Desde nuestra organización consideramos que representa un avance importante, especialmente en la protección de mujeres y jóvenes. Para garantizar una protección real, el Estado necesita leyes modernas que comprendan que lo virtual es real. La difusión de la intimidad no puede seguir siendo un delito invisible. Para la Red de Abogadas Feministas, este proyecto representa un gran avance en casos como el de Shadya porque hace énfasis en la protección de las mujeres, principales víctimas de este hostigamiento y disciplinamiento a través de la red. La difusión de nuestra intimidad no puede seguir siendo un delito invisible en nuestro país.

Red de Abogadas Feministas de Santiago del Estero 

La Red de Abogadas Feministas de Santiago del Estero es una asociación civil sin fines de lucro que surge ante la necesidad de construir un espacio para pensar y ejercer el derecho desde la perspectiva de género y DD.HH. Está integrada por abogadas comprometidas con la formación en género, la revisión crítica de las prácticas judiciales y la construcción de conocimiento.

En sus inicios, desarrolló tareas de asesoramiento y representación de mujeres en situación de violencia de género, ampliando luego su campo de acción hacia el trabajo interdisciplinario e interinstitucional, mediante actividades de formación —capacitaciones y talleres— dirigidas a operadores jurídicos y al público en general.

Su accionar se orienta a la consolidación de una justicia con perspectiva de género y a la garantía del derecho a una vida libre de violencias.

Sofía Mansilla: "Hay una deuda institucional en materia de género"

Sofía Mansilla, militante de la agrupación feminista "Coyuyas: feminismo para andar", plantea un diagnóstico contundente sobre el trasfondo estructural del problema: "Hay una deuda institucional en materia de género. Falta capacitación e información integral para comprender la violencia de género como un problema estructural de la sociedad, lo cual es fundamental para la toma de acción que cada agente institucional debe ejecutar ante estos casos. Esto se vuelve aún más difícil en un contexto nacional de desfinanciamiento de las políticas de género, que deja a las provincias dependiendo de sus propios recursos. El Estado debe atender la violencia de género como un problema social, revisar su funcionamiento y qué medidas reales se toman cuando una mujer decide denunciar. Esos son momentos clave que requieren un trabajo articulado urgente".

La referencia no es menor. En Argentina, tal como lo mencionamos antes, existen marcos normativos como la Ley Olimpia, que incorpora la violencia digital dentro de la legislación vigente, sumándose a la ley de protección integral sancionada en 2009. Sin embargo, la brecha entre la ley y su aplicación concreta sigue siendo uno de los principales desafíos. Ante esto hay que agregar que en el país no se logró aprobar la Ley Belén que proponía penalizar la difusión de videos íntimos sin consentimiento. El proyecto presentado por Zamora, precisamente apunta a llenar ese vacío.

Mansilla lo expresa sin rodeos: "Tenemos avances significativos en términos legislativos, como la Ley de Educación Sexual Integral o la incorporación de la violencia digital. Pero no es suficiente. El problema es cómo se implementan esas leyes. Como sociedad necesitamos saber qué pasa cuando una mujer denuncia: quién recibe esa denuncia, qué importancia se le da y qué medidas se toman. Muchas veces, si hubo una denuncia previa, una muerte podría haberse evitado. Ahí es donde tenemos que preguntarnos por el accionar de los agentes públicos".

El componente social también aparece como un factor determinante. La vergüenza, el miedo y el estigma operan como barreras silenciosas que dificultan la denuncia y el pedido de ayuda. Es así como Sofía Mansilla entrelaza esos tres aspectos, al analizar el caso de Shadya. "Además de la vergüenza propia, es muy difícil denunciar. Vivimos en una sociedad machista, muchas veces indiferente a la violencia de género, que se incomoda más por una marcha que por una mujer asesinada. Necesitamos romper el pacto de silencio, generar espacios colectivos de reflexión y entender que el feminismo no es una lucha de unas pocas, sino una transformación para toda la sociedad", sostiene.

Por otra parte, la violencia digital, entendida en la ley como la amenaza o difusión de material íntimo sin consentimiento, emerge como una de las formas más crueles de control y extorsión. No solo expone a la víctima, sino que la coloca en una situación de vulnerabilidad extrema. En este contexto, la militante feminista remarca: "Si una mujer atraviesa una situación así, es fundamental que se informe, que entienda que no tiene la culpa por haber confiado. Cuando alguien amenaza con difundir ese material, está ejerciendo violencia. Y eso forma parte de un sistema patriarcal que nos vulnera. La lucha contra la violencia de género es, en definitiva, la recuperación del proyecto de vida de la mujer. Merecemos vivir sin miedo".

-¿Qué decirle a quien está sufriendo violencia?

-Ante todo se debe saber que es una expresión dolorosa de un entramado más amplio donde confluyen fallas institucionales, desigualdades estructurales y silencios sociales. Cómo revertimos esto es una pregunta muy compleja. Pero el primer paso es la conciencia, la información y el compromiso colectivo. Hace falta voluntad política concreta, revisar qué está fallando y trabajar de manera integral. La violencia de género mata, y lo hace de distintas formas.