A través de ANSES, el Ejecutivo presentó un recurso de queja tras el rechazo de instancias previas. Argumenta que la condena penal de la ex mandataria es incompatible con el beneficio.
El Gobierno recurre a la Corte para quitarle la pensión a Cristina Kirchner El Gobierno recurre a la Corte para quitarle la pensión a Cristina Kirchner
El Gobierno nacional decidió llevar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación su intento por dejar sin efecto la pensión de privilegio que percibe la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La presentación se realizó mediante un recurso de queja impulsado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), luego de que tribunales inferiores rechazaran habilitar la vía directa hacia el máximo tribunal.
La ofensiva judicial del Ejecutivo busca revertir una medida cautelar que ordenó restituir el pago del beneficio previsional. Según la postura oficial, la ex mandataria no debería acceder a este tipo de régimen especial debido a su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad, ratificada en instancias previas.
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El beneficio en discusión corresponde a la pensión por viudez que la ex jefa de Estado percibía tras el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Esa asignación había sido suspendida en noviembre de 2024, pero una resolución judicial posterior ordenó su restitución de manera provisoria hasta que exista una definición de fondo.
Desde el Ministerio de Capital Humano sostienen que existen fundamentos legales suficientes para excluir a la ex presidenta de este régimen excepcional. En esa línea, remarcaron que resulta incompatible que una persona condenada por delitos contra la administración pública reciba beneficios financiados con recursos del Estado.
El conflicto judicial se intensificó luego de que la Cámara Federal de la Seguridad Social desestimara el recurso extraordinario presentado por ANSES y el Ministerio Público Fiscal. Los jueces consideraron que las resoluciones cautelares no constituyen sentencias definitivas, por lo que no correspondía la intervención directa de la Corte en esa instancia.
Ante ese escenario, el Gobierno optó por recurrir a la queja, un mecanismo que permite insistir ante el máximo tribunal cuando se niega el acceso a esa vía. Ahora será la Corte Suprema la que deberá decidir si toma el caso y, en ese marco, definir si se mantiene o se revoca la cautelar que obliga a restablecer el pago.
