El exgendarme recibió una pena de 9 años de prisión tras ser hallado culpable de organizar el transporte de droga en Salta. La carga secuestrada estaba valuada en más de $2.800 millones y podía convertirse en casi un millón de dosis.
Condenan a exjefe de Inteligencia de Gendarmería por liderar un envío de 161 kilos de cocaína Condenan a exjefe de Inteligencia de Gendarmería por liderar un envío de 161 kilos de cocaína
La Justicia Federal de Salta condenó a nueve años de prisión a Carlos Alberto Sorani, un exintegrante de Gendarmería Nacional que supo desempeñarse como jefe del área de Inteligencia del Escuadrón 52 de Tartagal. El tribunal lo encontró culpable de haber coordinado una operación narco que buscaba trasladar 161 kilos de cocaína ocultos en una camioneta modificada con compartimentos secretos.
La sentencia fue dictada por unanimidad por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, que consideró probado que Sorani participó activamente en la logística del transporte de estupefacientes, agravado además por su condición de funcionario de una fuerza de seguridad.
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El caso salió a la luz el 5 de mayo de 2025, cuando efectivos del Escuadrón 54 detuvieron una Ford Ranger sobre la ruta nacional 34, en cercanías de Aguaray. Durante la inspección, un perro antinarcóticos detectó irregularidades en el vehículo y los gendarmes hallaron 173 paquetes de cocaína escondidos en dobles fondos ubicados en distintas partes de la camioneta.
El vehículo era conducido por Oscar Navarro, quien viajaba junto a Gloria Cardozo. Ambos fueron identificados como quienes concretaban el traslado de la droga. Sin embargo, la investigación posterior permitió detectar una organización más amplia detrás del cargamento.
A través del análisis de teléfonos celulares, cámaras de seguridad, geolocalizaciones y registros de antenas, los investigadores reconstruyeron los movimientos de los implicados y ubicaron a Sorani como uno de los responsables centrales de la maniobra.
Según la acusación fiscal, el exjefe de Inteligencia mantenía vínculos directos con Gustavo Ariel Barrios, señalado como proveedor de la droga y supuesto líder de la organización criminal, quien actualmente permanece prófugo.
La causa también derivó en condenas para Alexis Aguirre, cabo primero de Gendarmería; Héctor Horacio Acosta, acusado de facilitar un galpón para ocultar la camioneta; además de Navarro y Cardozo.
La investigación reveló que la operación comenzó a gestarse meses antes del secuestro de la droga. En septiembre de 2024, Sorani y Aguirre habrían viajado a la capital salteña para reunirse con Barrios, quien ya estaba prófugo por incumplir un arresto domiciliario. Allí se habría entregado la camioneta utilizada posteriormente para el transporte del cargamento.
El rodado fue detectado en distintos controles previos. Incluso, en marzo de 2025, ya se había advertido que poseía un doble fondo recientemente acondicionado, aunque en aquel momento no transportaba estupefacientes.
Para los fiscales, Sorani también intervino días antes del operativo final para reorganizar el traslado, luego de que Aguirre rechazara conducir la camioneta. En ese contexto, habría convocado a Navarro para concretar el viaje.
El día del procedimiento, la fiscalía sostuvo que Sorani y Aguirre actuaron como apoyo logístico y "vehículo puntero", siguiendo de cerca el recorrido de la camioneta cargada con droga.
Durante el juicio también se exhibieron mensajes y llamados telefónicos entre Sorani y Navarro, que para la acusación demostraban un monitoreo constante del traslado. Algunas comunicaciones eran eliminadas pocos segundos después de ser enviadas, lo que despertó sospechas entre los investigadores.
En sus alegatos, las fiscales remarcaron la gravedad institucional del caso al tratarse de un hombre con extensa trayectoria en áreas dedicadas a combatir el narcotráfico. "Juró luchar contra el crimen y terminó del otro lado", señalaron durante el debate oral.
Además, indicaron que la cocaína secuestrada tenía una pureza cercana al 58%, podía generar más de 936 mil dosis y poseía un valor estimado superior a los 2.824 millones de pesos.
Al momento de fundamentar la condena, las juezas sostuvieron que la prueba reunida fue contundente y descartaron la hipótesis defensiva de una supuesta conspiración contra el acusado. También remarcaron que, por su rol dentro de Gendarmería, Sorani debía haber perseguido a los involucrados y no colaborar con ellos.
