Enviaron cuatro ex miembros de fuerzas de seguridad. Ortiz fue acusada de trata de personas.
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Una ex oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue detenida por el Departamento Antisecuestros Norte de la PFA tras ser acusada de trata de personas. La Justicia federal la señala por captar combatientes locales para el conflicto en Europa del Este. El juez Luis Armella y el fiscal Sergio Mola la indagarán este lunes en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora. Su pareja, un ex cabo de la Policía Federal transferido a la fuerza porteña, se encuentra prófugo y habría escapado hacia Brasil.
La imputada es Griselda Inés Ortiz, de 45 años, oriunda de Villa Constitución y vecina de Tigre, donde fue arrestada en un conventillo. En el búnker de la sospechosa, las fuerzas de seguridad incautaron una pistola, formularios de reclutamiento, credenciales policiales y emblemas del ejército ucraniano. La investigación judicial determinó que los objetivos principales de la red eran ex miembros de fuerzas de seguridad. A los candidatos se les prometía un pago de tres mil dólares mensuales por combatir en el frente.
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El modus operandi de la organización criminal se basaba en el aprovechamiento de la vulnerabilidad económica y el entrenamiento previo de los reclutados. Al enfocarse en ex policías, los captadores se aseguraban de enviar personal que ya sabía utilizar armas de fuego y responder a mandos tácticos, reduciendo el tiempo de preparación en el extranjero. Para convencerlos, el matrimonio utilizaba un discurso de rápida salida laboral y un salario en moneda extranjera sumamente atractivo para los parámetros locales.
El expediente penal se inició el pasado 11 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, durante un control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Los oficiales detectaron a cuatro hombres en el sector de pre-embarque con un itinerario sospechoso que unía Buenos Aires, Estambul y Moldavia, para luego ingresar a Ucrania. Aunque los pasajeros alegaron que viajaban para realizar tareas de albañilería y reconstrucción de infraestructura, las severas contradicciones en sus testimonios encendieron las alarmas de las autoridades locales.
Las sospechas iniciales de la PSA en la terminal aérea se confirmaron al notar que el perfil socioeconómico de los supuestos albañiles no coincidía con el costo de un viaje internacional multiescala de esa magnitud. Los investigadores aeroportuarios activaron de inmediato los protocolos internacionales contra el crimen organizado y la trata de personas al detectar patrones de traslado típicos de las redes globales de mercenarismo. Las autoridades sospechan que esta no era la primera comitiva que la organización intentaba enviar a la zona de conflicto.
Las presuntas víctimas no lograban justificar quién había financiado los pasajes aéreos, desconocían su fecha de regreso y afirmaban haber sido contactadas mediante redes sociales. Tras sucesivos interrogatorios, los cuatro hombres confesaron que el verdadero motivo del viaje era incorporarse como soldados de fortuna en el frente bélico. El rastreo de los automóviles que trasladaron a los contingentes hasta la terminal aérea fue la pista clave para identificar a la ex policía y a su pareja prófuga.
La situación del prófugo, ex miembro de la Policía de la Ciudad, agrava la situación judicial de la banda, ya que se habrían utilizado conocimientos de inteligencia policial para evadir los controles fronterizos. El Ministerio de Seguridad solicitó la captura internacional a través de Interpol para interceptar al sospechoso antes de que logre profundizar su ocultamiento en territorio brasileño. En paralelo, se analizan los teléfonos incautados en el conventillo de Tigre para establecer si existen más ramificaciones o financistas externos en el país.
El nombre de Ortiz ya figuraba bajo la lupa internacional desde noviembre de 2025, cuando un sitio web pro-ruso la incluyó en una nómina de combatientes latinoamericanos denominados "gansos grises". En aquella filtración virtual, la mujer aparecía con equipamiento táctico y un fusil de asalto. La acusada registra antecedentes en la Academia de Policía Local de Tigre desde 2016 y percibió sus últimos haberes de la fuerza bonaerense en junio del año pasado, antes de volcarse al presunto negocio ilegal de reclutamiento.
