El embargo fue dispuesto tras un pedido del fiscal Diego Luciani, en el marco de la ejecución patrimonial por un eventual decomiso de casi $685.000 millones.
Causa Vialidad: la Justicia oficializó el embargo del departamento de Cristina Kirchner Causa Vialidad: la Justicia oficializó el embargo del departamento de Cristina Kirchner
La Justicia oficializó este jueves el embargo del departamento de la expresidenta Cristina Kirchner, ubicado en la calle San José 1111 de la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente cumple su condena por la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 notificó al Registro de la Propiedad Inmueble la medida cautelar sobre la propiedad, luego de un nuevo pedido realizado por el fiscal Diego Luciani.
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La resolución había sido emitida el pasado 12 de agosto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. En ese marco, el tribunal ordenó avanzar con medidas sobre distintos bienes vinculados a la familia Kirchner, incluidos aquellos registrados a nombre de las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
Entre los activos alcanzados se encuentran unidades del complejo Madero Center, el hotel La Aldea del Chaltén y otras propiedades ubicadas en El Calafate y Río Gallegos. Las acciones de ambas sociedades se encuentran actualmente en manos de Máximo y Florencia Kirchner.
El objetivo de la medida es preservar el patrimonio ante un eventual decomiso estimado en casi $685.000 millones, cifra que surge de la actualización del perjuicio económico establecido en el juicio por la adjudicación irregular de 51 licitaciones de obra vial al Grupo Austral, perteneciente al empresario Lázaro Báez, entre 2003 y 2015.
Qué implica el embargo
La medida cautelar sobre el departamento de San José 1111 no implica una subasta inmediata ni modifica, por el momento, la titularidad registral del inmueble.
El nuevo embargo se suma a una serie de medidas que desde hace años pesan sobre distintos activos relacionados con la familia Kirchner. Las acciones de Los Sauces y Hotesur se encuentran embargadas desde 2017, en el marco de investigaciones judiciales vinculadas a presuntas maniobras de lavado de dinero.
En esas investigaciones se analizó, entre otras cuestiones, el pago de alquileres y servicios hoteleros por parte de empresarios vinculados a la obra pública, entre ellos Lázaro Báez y Cristóbal López.
Además, permanecen bajo medidas cautelares alrededor de 50 inmuebles y cerca de US$6 millones en efectivo, entre otros activos. El conjunto incluye propiedades en Puerto Madero, El Calafate y Río Gallegos, con una valuación que, según las estimaciones incorporadas al expediente, supera los $9.000 millones.
El embargo sobre el inmueble de San José 1111 representa un nuevo capítulo en la ejecución patrimonial derivada de la causa Vialidad. La Fiscalía busca preservar los bienes mientras continúa el proceso destinado a determinar de manera definitiva el alcance del eventual decomiso.
