La Casa Rosada trabaja en un nuevo decreto que establecerá cómo se aplicará la causal incorporada a la Ley de Migraciones. El Ejecutivo deberá definir qué organismos intervendrán y cómo se determinará cuándo una expresión puede derivar en la cancelación de una residencia o una expulsión.
El Gobierno prepara un decreto para expulsar a extranjeros por discursos de odio contra argentinos El Gobierno prepara un decreto para expulsar a extranjeros por discursos de odio contra argentinos
El Gobierno de Javier Milei retomó el desarrollo de la reglamentación que permitirá aplicar en la práctica una de las nuevas causales incorporadas a la Ley de Migraciones: la posibilidad de impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que emitan discursos de odio contra argentinos, promuevan la violencia por motivos de nacionalidad o incurran en determinadas ofensas contra símbolos patrios.
La Casa Rosada trabaja en un nuevo decreto que buscará establecer el procedimiento concreto para aplicar esa herramienta. La medida complementará el DNU 681/2026, firmado por el Presidente a fines de julio, que ya incorporó esas conductas entre los motivos que pueden derivar en restricciones migratorias.
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Desde el Ejecutivo reconocen que el decreto original otorgó el marco legal, pero que todavía resta establecer los mecanismos administrativos necesarios para utilizarlo. Por eso, el nuevo texto estará enfocado principalmente en determinar cómo actuará la Dirección Nacional de Migraciones y qué participación tendrán las fuerzas y organismos de seguridad.
Uno de los principales desafíos será establecer cómo se comprobará que una determinada expresión encuadra dentro de las conductas alcanzadas por la normativa. Entre las alternativas analizadas aparece el uso del sistema de alertas migratorias, aunque todavía deben definirse aspectos centrales como el origen de la información, las pruebas necesarias, el organismo encargado de validarlas y el procedimiento que deberá seguirse cuando la persona involucrada ya se encuentre en territorio argentino.
La normativa establece que la medida no puede utilizarse de manera indiscriminada frente a cualquier crítica contra el país o sus autoridades. El propio DNU contempla excepciones para las expresiones de disenso ideológico y para las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución.
Esa diferencia será uno de los puntos que deberá precisar la reglamentación, debido a que una interpretación amplia podría generar cuestionamientos judiciales. El Gobierno deberá determinar con precisión qué elementos resultan suficientes para activar un procedimiento que eventualmente pueda terminar con la cancelación de una residencia y la expulsión del extranjero.
La modificación forma parte de una política migratoria que el Gobierno comenzó a profundizar en 2025. El DNU 366 había introducido cambios en las condiciones de ingreso, permanencia y expulsión, además de establecer nuevas restricciones para extranjeros en situación irregular y modificar las condiciones de acceso a determinados servicios públicos.
En paralelo, el Ejecutivo avanzó durante este año con una mayor coordinación entre Migraciones y las fuerzas federales. En junio puso en marcha el Programa de Seguridad Migratoria, que contempla mecanismos específicos de intervención de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria como auxiliares de la autoridad migratoria.
También comenzó a funcionar el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), destinado a integrar información de Migraciones con datos provenientes de las fuerzas federales y de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. El objetivo es generar análisis de riesgo y alertas para los controles fronterizos y migratorios.
La política migratoria quedó además vinculada al área de Seguridad Nacional desde fines de 2025, cuando el Gobierno trasladó a ese ministerio las competencias relacionadas con migración e inmigración y el control de la Dirección Nacional de Migraciones.
En los últimos meses también se incrementaron los operativos destinados a detectar situaciones migratorias irregulares, con participación conjunta de distintos organismos de seguridad. La normativa vigente amplió, además, las facultades para solicitar documentación y verificar la situación de las personas durante esos procedimientos.
La nueva reglamentación tendrá, sin embargo, una particularidad respecto de las medidas anteriores: deberá establecer criterios para determinar cuándo una expresión puede transformarse en una causal migratoria. Por tratarse de una medida que podría derivar en la expulsión de una persona, el Gobierno deberá contemplar las correspondientes instancias administrativas y judiciales.
Por el momento, la Casa Rosada no estableció una fecha para firmar el nuevo decreto ni difundió un borrador. El objetivo declarado es completar la implementación del DNU 681 y transformar la causal ya incorporada a la legislación en un procedimiento concreto que pueda ser aplicado tanto en los controles de ingreso como en los trámites de residencia y eventuales procesos de expulsión.
