La Cancillería presentó una nota formal para rechazar la prórroga por cinco años de las autorizaciones para actividades hidrocarburíferas offshore en el archipiélago y cuestionó la ampliación de la participación de Navitas Petroleum.
El Gobierno protestó contra el Reino Unido por la extensión de las licencias petroleras en Malvinas El Gobierno protestó contra el Reino Unido por la extensión de las licencias petroleras en Malvinas
El Gobierno argentino presentó este martes una nota formal de protesta ante el Reino Unido por la decisión de extender durante cinco años las licencias para actividades de exploración y producción de hidrocarburos offshore en las Islas Malvinas. La Cancillería cuestionó además la autorización para que Navitas Petroleum amplíe su participación en uno de los bloques ubicados en la zona.
Según sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores, las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina constituyen, desde la posición oficial, una violación de la normativa nacional y del derecho internacional. El Gobierno también invocó distintas resoluciones de Naciones Unidas vinculadas con la disputa de soberanía y reclamó evitar modificaciones unilaterales mientras no exista una solución sobre el archipiélago.
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El reclamo se produjo luego de que las autoridades de las islas prorrogaran las licencias offshore vigentes, con la posibilidad de extenderlas por un período adicional de dos años si las empresas cumplen con sus programas de trabajo. Entre los proyectos involucrados se encuentra Sea Lion, operado por Navitas Petroleum junto con Rockhopper Exploration, cuya producción de petróleo está prevista para comenzar en 2028.
Otro de los puntos cuestionados por la Argentina es la autorización para que Navitas amplíe su participación en el bloque PL001, ubicado junto a Sea Lion. La compañía pasará a controlar el 65% del área y asumirá su operación, mientras que JHI Associates conservará el 35% restante. La proximidad entre ambos bloques permitiría vincularlos mediante infraestructura submarina asociada al desarrollo de Sea Lion.
En paralelo, el conflicto también tiene derivaciones judiciales en Argentina, donde existen medidas cautelares y presentaciones contra empresas vinculadas con el proyecto petrolero. Mientras el Gobierno argentino sostiene que las actividades no autorizadas carecen de validez jurídica y anunció que continuará utilizando herramientas diplomáticas y legales, el Reino Unido mantiene una posición diferente y defiende el derecho de los habitantes de las islas a administrar sus recursos naturales.
