Para el FMI, subsidiar las tarifas para frenar la inflación es una política ineficiente y costosa

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una dura advertencia sobre la utilización de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos como herramienta para contener la inflación. Según la entidad, esta estrategia no solo resulta sumamente costosa para las arcas del Estado, sino que también genera graves ineficiencias fiscales a nivel macroeconómico.

A través de un reciente informe que evaluó las medidas adoptadas por 76 países durante los últimos 30 años, el organismo analizó el comportamiento de las economías emergentes, las cuales suelen recurrir a la reducción de aranceles, el control de precios finales o la asistencia a los productores energéticos para amortiguar los golpes al bolsillo. Si bien el FMI admitió que el objetivo de estas políticas es proteger a los consumidores frente a las crisis, concluyó que el gasto que demandan no se justifica frente a los magros resultados obtenidos.

El alto costo fiscal de los subsidios generalizados

Uno de los ejes del documento es la comparación entre los sistemas de asistencia general y los focalizados. En ese sentido, el FMI destacó que "brindar la misma protección a las familias de menores ingresos a través de subsidios al consumidor puede requerir entre tres y seis veces más recursos fiscales que las transferencias focalizadas".

La brecha es aún más alarmante cuando el Estado decide financiar directamente a la producción para sostener cuadros tarifarios artificialmente bajos. Según el reporte, esta vía resulta "entre 14 y 22 veces más" cara para el presupuesto público que la opción de girar los fondos de manera directa a los hogares que realmente los necesitan.

Sobre el impacto que tienen las crisis económicas en los distintos estratos sociales, el informe del organismo de crédito detalló: "Dado que los alimentos y la energía representan una porción mayor del gasto de las familias de menores ingresos, estas soportan una inflación significativamente más alta que los hogares más prósperos durante las crisis del costo de vida".

Para graficar la ineficacia de los controles de precios, el FMI citó lo ocurrido en Europa durante la crisis energética del período 2022-2023. Allí se observó que, "por cada euro gastado en reprimir los precios de la electricidad, el gas natural y los combustibles, menos de 20 céntimos llegaron al quinto más pobre de los hogares".

Transferencias directas y tarifas reales: la recomendación del organismo

El estudio también pone el foco en las consecuencias colaterales de mantener las tarifas congeladas o atrasadas respecto a su valor de mercado. De acuerdo a la visión del FMI, esta política desincentiva el ahorro de energía, distorsiona los patrones de consumo e impulsa el crecimiento de la deuda pública.

Frente a este escenario, la alternativa propuesta es permitir que los precios de los servicios reflejen sus costos reales, garantizando al mismo tiempo una asistencia transparente. La institución remarcó que "las transferencias focalizadas y temporales son la forma más eficaz y económica de proteger a los hogares más pobres cuando los precios básicos se disparan". Además, aseguró que "este enfoque apoya directamente a quienes más lo necesitan", permitiendo optimizar los recursos del Estado.

Finalmente, el documento del FMI subrayó que cualquier esquema de ayuda debe tener un carácter transitorio y estar circunscrito a las familias de menores recursos, que son las que sufren la peor parte de la pérdida de poder adquisitivo. Solo en situaciones excepcionales donde exista un riesgo latente de conflictividad social, el organismo avala extender la cobertura hacia los sectores de ingresos medios. Sin embargo, aclaró que en esos casos la medida debe contar con mecanismos de caducidad claros, atados a la evolución real del shock tarifario.