Negociaciones en Diputados: el Gobierno ofrece tratar el proyecto Malvinas el 21 de octubre para frenar a la oposición

Con la mira puesta en proteger la base de su programa económico, el oficialismo intensificó los diálogos en la Cámara de Diputados para vaciar la sesión impulsada por la oposición para el jueves de la próxima semana, que tiene como fin derogar el DNU 70/23.

La estrategia de La Libertad Avanza consiste en ofrecer a los sectores dialoguistas el tratamiento de un paquete de iniciativas el próximo lunes 21 de octubre. En esa fecha, el Gobierno habilitaría el recinto para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional (conocido como proyecto Malvinas), junto con proyectos vinculados a discapacidad y sobreendeudamiento familiar.

Frente a esta maniobra, y sabiendo que las posibilidades de alcanzar el número necesario en el recinto se diluyen con el paso de los días, Unión por la Patria y sus aliados mantienen firme la intención de presentarse a la sesión. El objetivo central de la oposición es forzar a los legisladores a exponer públicamente su postura sobre la derogación de la Ley de Tierras, apelando a lo que el propio presidente Javier Milei popularizó como el "principio de revelación".

Las demoras en Diputados y las divisiones internas

Al ser consultados sobre por qué se intenta avanzar ahora, teniendo en cuenta que el Senado rechazó el mega decreto el 14 de marzo de 2024 (hace más de dos años y medio), desde el peronismo argumentan que no contaban con el respaldo firme de los bloques "del medio".

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas (NA), un diputado nacional del peronismo detalló el escenario legislativo: "El que se siente es porque quiere rechazar el 70/23. El año pasado habían 10 de los aliados nuestros que estaban inseguros de que nos iban a acompañar con el rechazo y por eso dimos marcha atrás".

Por su parte, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, aportó otro matiz durante una entrevista en Alpha TV. La legisladora validó las dificultades para conseguir los números, pero aseguró que durante 2024 y 2025 también existieron miembros de Unión por la Patria que no mostraban voluntad de ratificar el rechazo al decreto desregulador.

La Corte Suprema y la alternativa de la Ley de Tierras

En las filas libertarias se encendieron las alarmas recientemente ante un fallo de la Corte Suprema de Justicia, temiendo que el clima judicial le otorgara a la oposición el impulso definitivo para voltear la totalidad del DNU 70. Sin embargo, la tensión oficialista cedió al confirmar que sus adversarios no lograban reunir los votos.

Aun así, el monitoreo del tablero legislativo es constante. En el oficialismo aguardan con cautela una posible resolución del máximo tribunal para designar a dos conjueces que revisen la situación de la Ley de Tierras, a raíz de una solicitud de la Asociación Civil Árbol de Pie.

Para sortear este obstáculo y asegurar la ausencia de los dialoguistas en la sesión del 15 de octubre, el Gobierno evalúa una maniobra alternativa: incorporar límites a la compraventa de tierras rurales dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que aguarda su tratamiento tras recibir media sanción en el Senado.

De concretarse, esta jugada permitiría resguardar el resto del DNU 70, cuya derogación representaría un impacto catastrófico para la gestión. Hasta el momento, esta opción es solo una hipótesis en estudio y no hay decisiones definitivas.

Cambios al proyecto de Malvinas y la polémica por el artículo 111

Las negociaciones con la oposición amigable abarcan otros frentes, como el compromiso de modificar las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales y al sector de Discapacidad. Esta agenda obligaría a reprogramar el tratamiento del Presupuesto, pautado inicialmente para el martes 13, que podría postergarse una semana a la espera de que el proyecto Malvinas consiga dictamen el día 14.

El punto más ríspido del debate gira en torno a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Los aliados y dialoguistas condicionaron su apoyo a la eliminación total del artículo 111.

Dicho fragmento prevé penas de prisión "para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento (total o parcial) de entidades u organismos extranjeros, realice acciones destinadas a alterar procesos electorales o el normal funcionamiento de las instituciones democráticas; manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva; y promover o financiar actos de violencia, sabotaje o alteraciones graves del orden público dirigidas a desestabilizar la seguridad interior o las instituciones del Estado".

Desde diversos sectores opositores denuncian que la redacción es una amenaza directa a la libertad de prensa que fomentaría la autocensura, algo que vinculan a las constantes críticas presidenciales hacia el periodismo.

Además, los cuestionamientos al proyecto advierten sobre una preocupante concentración de facultades en el Poder Ejecutivo mediante el Consejo de Seguridad Nacional. También generan rechazo los protocolos para el derribo de aviones y el hundimiento de embarcaciones, y la vaguedad técnica a la hora de tipificar una "actividad terrorista" o una "amenaza externa", conceptos que, alertan, podrían utilizarse para perseguir a la disidencia política interna.