Conflicto universitario: el Gobierno rechaza el diálogo y las facultades advierten que peligra el ciclo lectivo 2027

La confrontación entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario nacional ingresó en una fase crítica tras la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria convocada desde 2024. Mientras la administración central desestimó cualquier posibilidad de abrir canales de diálogo colectivo con las autoridades académicas al calificar la movilización como una acción partidaria, desde las casas de estudio alertaron que la falta de financiamiento pone en riesgo el normal inicio del ciclo lectivo 2027.

La manifestación de este jueves convocó en distintos puntos del territorio argentino a nutridas columnas de alumnos, docentes, personal no docente y autoridades universitarias, junto con referentes de sectores sindicales, agrupaciones sociales y partidos políticos. Pese a que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó la asistencia en un millón de personas, el tramo final de la jornada frente al Congreso de la Nación derivó en choques entre efectivos policiales y manifestantes con el rostro cubierto, saldo que dejó más de 30 personas aprehendidas y la posterior intervención judicial impulsada por el Ministerio de Seguridad.

La postura oficial: sin mesa de diálogo y foco en el Congreso

Desde los despachos de la Casa Rosada desestimaron el impacto de la protesta. Voceros gubernamentales afirmaron que la convocatoria "claramente se transformó en una marcha política" debido a la visibilidad de dirigentes de izquierda, del kirchnerismo y de gremios opositores. En esa línea, manifestaron al sitio Todo Noticias: "De universitaria tuvo poco. Cuando ves las imágenes de los encapuchados enfrentándose con la policía, ahí no hay mucho universitario que digamos".

En sintonía con esas críticas, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió grabaciones de los desmanes en inmediaciones del Palacio Legislativo e ironizó: "Así los universitarios reclaman sus derechos. Como toda marcha política, puede embanderarse detrás de un reclamo genuino con el intento de generar un conflicto y mostrar una imagen de disturbio".

Bajo esa lectura, el oficialismo ratificó que la movilización "no cambió nada" en su esquema de trabajo. "No hay ninguna negociación de nada. No recibimos a nadie", remarcaron fuentes gubernamentales. Asimismo, el Ejecutivo puso en duda el rol de representación de la directiva del CIN —conducido por Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario—, alegando escasa concurrencia de rectores en los palcos centrales del jueves.

En consecuencia, el Gobierno descartó conformar mesas paritarias o de debate global y adelantó que continuará con contactos bilaterales "uno por uno" con las universidades, estrategia que tuvo como antecedente inmediato el encuentro del miércoles entre la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, el subsecretario Alejandro Álvarez y las nuevas autoridades de la Universidad de Tucumán.

Toda discusión sobre partidas presupuestarias quedará supeditada al debate de la "ley de leyes" para 2027 en la Cámara de Diputados. La distancia de recursos es considerable: la propuesta del oficialismo destina alrededor de $7,3 billones a la educación superior, cifra distante de los más de $11 billones que solicita el CIN en el Congreso. Desde el Ejecutivo insisten en que la negociación parlamentaria se articulará con mandatarios provinciales y bloques aliados sin poner en peligro la disciplina fiscal: "Los recursos son finitos, no podemos disponer de ellos de manera que no tenga una contrapartida o reflejo en el gasto. Hay una premisa en el Presupuesto, que es el equilibrio o el superávit fiscal".

Alerta en los claustros por el ciclo lectivo 2027

En la vereda opuesta, los referentes del sistema universitario exteriorizaron un alto grado de inquietud ante el congelamiento de las conversaciones institucionales. "Hacia adelante hay mucha preocupación, en la medida que no aparezcan respuestas", admitió un referente del sector, señalando además el impacto negativo que causaría una mayor confrontación.

La misma fuente recalcó el vacío en los canales de intermediación: "Hoy no hay ningún diálogo. Esta semana demostraron, con la virulencia y todos los ataques, poca voluntad para dialogar", a lo que sumó sus reparos por la falta de interlocutores válidos: "Nadie se hace cargo".

Con ese panorama, las universidades anticipan la posibilidad de que surjan medidas de fuerza de mayor contundencia: "La universidad es una olla a presión, es inevitable. Esto no arranca el año que viene si no se resuelve. Por condiciones objetivas salariales y materiales, y por el estado de ánimo de la comunidad universitaria", explicaron a TN.

El derrotero judicial y la pulseada por el Presupuesto 2027

El centro de la discusión continúa atado a la Ley de Financiamiento Universitario. Cabe recordar que la norma fue promulgada por el Poder Ejecutivo —luego del veto inicial y la consecuente insistencia parlamentaria de la oposición—, pero quedó sin ejecución bajo el argumento de que debían señalarse las fuentes precisas de fondeo.

La disputa dio lugar a una extensa batalla en los tribunales:

En diciembre de 2025, el magistrado federal Martín Cormick concedió una medida cautelar ordenando instrumentar los artículos 5 y 6 (destinados a la recomposición salarial y del sistema de becas), pronunciamiento que contó con el aval posterior de la Cámara de Apelaciones.

El Ejecutivo recurrió hasta la Corte Suprema, tribunal que el 25 de junio desestimó el recurso por no tratarse de un fallo definitivo.

Con posterioridad, el juez Cormick resolvió el tratamiento de la cuestión de fondo y ordenó la aplicación inmediata de la ley en su totalidad, resolución que fue apelada por el Ministerio de Capital Humano y permanece en revisión.

Frente a los plazos procesales, en los claustros coinciden en que "lo judicial va a llevar tiempo". Por ese motivo, el principal objetivo de las universidades apunta a introducir modificaciones dentro del debate presupuestario que se desarrolla en el Parlamento: "Lo racional sería que incorporen la Ley de Financiamiento en el Presupuesto. Son 9,7 billones para cumplir con la ley. Cumplen con la ley y se resuelve el problema".

Aunque el oficialismo rechaza modificar el esquema asignado, las autoridades académicas confían en reunir mayorías en las cámaras mediante el respaldo de bloques opositores y mandatarios provinciales, en particular del espacio Provincias Unidas. "Creemos que tenemos los números. A muchos les cuesta votar en contra de la universidad pública", señalaron desde el ámbito universitario.

No obstante, admiten que un eventual veto del Presidente a esa partida devolvería la disputa a su punto de partida: "Y volvemos al principio". Ante ese escenario, el sector universitario redobla esfuerzos para conseguir una salida antes del cierre del año, con la advertencia latente de que 2027 se proyecta como un período marcado por la conflictividad en las universidades públicas de todo el país.