El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte desestimó el pedido de prisión domiciliaria para el financista vinculado a Claudio "Chiqui" Tapia. El magistrado remarcó que el imputado incumplió pautas previas, no fijó un domicilio verificable y demoró la entrega de vehículos bajo orden de secuestro.
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En el marco de una causa instruida por presunto lavado de dinero, la Justicia federal resolvió denegar la solicitud de excarcelación en favor del financista Ariel Vallejo, señalado por sus vínculos con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. El imputado permanece privado de su libertad desde la semana anterior, momento en el que decidió comparecer ante los tribunales tras haberse librado una orden de captura en su contra.
La resolución fue rubricada por el titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien desestimó el planteo formulado por el abogado defensor Pablo Parera. La defensa técnica había requerido que su asistido fuera beneficiado con un régimen de prisión domiciliaria monitoreado mediante tobillera electrónica.
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Los fundamentos judiciales sobre el peligro procesal
Al momento de justificar su dictamen, el magistrado fundamentó que existe un peligro latente de que el acusado evada el proceso judicial. La orden de aprehensión dictada días atrás se había originado precisamente porque el empresario no pudo ser ubicado en la dirección que había declarado de forma formal ante las autoridades.
En su escrito, Rodríguez Ponte remarcó que "la propia conducta del imputado en punto al incumplimiento de las obligaciones impuestas valoradas en conjunto configuran un riesgo concreto de fuga que torna aplicable la revocación de su libertad".
Asimismo, el magistrado evaluó la gravedad de las imputaciones y la solvencia material que maneja el financista, advirtiendo que "la escala penal de los delitos que se le atribuyen descarta una eventual condena de ejecución condicional, a lo que se suma que se le conocen vínculos con numerosas sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros, todo lo cual, además de los incumplimientos ya configurados, permite presumir fundadamente que podría valerse de esos recursos para eludir la acción de la justicia".
Imposibilidad de medidas alternativas y retención de rodados
Frente a la solicitud de atenuación de la detención, el juez evaluó que no existía "otra medida menos gravosa que no sea el encarcelamiento preventivo, para asegurar el cumplimiento de las futuras obligaciones procesales, sin perjuicio de que su situación de libertad sea nuevamente examinada al momento de resolverse su situación procesal".
A su vez, según indica el portal de noticias TN, el funcionario judicial descartó la viabilidad del monitoreo a distancia al advertir que los requerimientos de la defensa "no resultarían suficientes, dado que el imputado ya gozaba de un régimen de libertad sujeto a las referidas reglas concretas y no las cumplió", añadiendo puntualmente que "el arresto domiciliario y la vigilancia electrónica presuponen un domicilio cierto y controlable, que es justamente lo que el imputado no ha podido acreditar".
Por último, en relación con las medidas patrimoniales dispuestas en el expediente, Rodríguez Ponte consignó que "se desprende de las constancias incorporadas a los autos principales que tampoco entregó la totalidad de los rodados cuyo secuestro se encuentra vigente y que fuera intimado y respecto de otros si bien lo hizo, pero en forma extemporánea a lo requerido".
