El oficialismo incorporó cambios reclamados por sus aliados y consiguió el dictamen de mayoría para la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional. El texto incluye sanciones por la explotación ilegal de recursos naturales, crea un Consejo de Seguridad Nacional y establece mecanismos de control parlamentario.
Malvinas: el Gobierno logró dictamen para su proyecto y prevé debatirlo el 12 de noviembre Malvinas: el Gobierno logró dictamen para su proyecto y prevé debatirlo el 12 de noviembre
El Gobierno nacional consiguió el dictamen de mayoría del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que contempla medidas para proteger los recursos naturales argentinos, incluidos los vinculados con las Islas Malvinas. Tras negociar modificaciones con bloques aliados, el oficialismo dejó el texto en condiciones de llegar al recinto y prevé tratarlo el jueves 12 de noviembre, aunque la fecha podría modificarse por cuestiones vinculadas al cronograma parlamentario.
Uno de los ejes centrales del proyecto es el endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur. Las medidas alcanzan actividades relacionadas con recursos renovables y no renovables, y contemplan multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones. Luego de los cuestionamientos recibidos, el oficialismo acotó las responsabilidades a los operadores directos, licenciatarios, proveedores y accionistas directos de los emprendimientos, y excluyó a accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión indirectos.
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La iniciativa también propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de áreas estratégicas del Poder Ejecutivo. El organismo tendría a su cargo la coordinación de políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior, además de intervenir en la evaluación de inversiones extranjeras en sectores considerados sensibles, como energía, minería, hidrocarburos, telecomunicaciones, defensa y actividades espaciales. Tras los planteos de los aliados, se habilitó la participación de otras autoridades, entre ellas gobernadores y representantes del Congreso, cuando los asuntos tratados lo requieran.
Otro de los cambios incorporados fue la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso para supervisar las decisiones del nuevo organismo. Según el texto acordado, el Poder Ejecutivo deberá comunicarle a esa comisión, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad adoptadas por el Consejo. Además, se precisó el alcance de las sanciones previstas para quienes actúen por cuenta de un Estado extranjero con el objetivo de alterar procesos electorales o influir ilegalmente en la opinión pública, con exclusiones expresas para la actividad periodística, la investigación académica, la expresión pública de opiniones y la actividad diplomática legítima.
Pese al avance legislativo, persisten diferencias entre el oficialismo y algunos bloques aliados, que reclaman nuevas precisiones en artículos vinculados con las sanciones por injerencia extranjera. Entre las objeciones planteadas figuran las posibles consecuencias de la redacción sobre organizaciones no gubernamentales y otras entidades que intervienen en el debate público. Por ese motivo, aunque el proyecto obtuvo dictamen de mayoría, todavía podrían negociarse nuevas modificaciones antes de su eventual tratamiento en el recinto.
