Caso Adorni: el fiscal Pollicita pidió investigar por evasión al exfuncionario y desestimó el enriquecimiento ilícito

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni, exjefe de Gabinete de la Nación, podría dar un giro procesal si se hace lugar al reciente dictamen del fiscal federal Gerardo Pollicita. El representante del Ministerio Público solicitó que el expediente abandone la órbita de la Justicia federal bajo la carátula de enriquecimiento ilícito y sea derivado al fuero Nacional en lo Penal Económico para investigar la posible comisión de delitos tributarios.

La decisión de Pollicita se fundamenta en el análisis de las justificaciones patrimoniales presentadas por el exfuncionario, quien argumentó que los fondos cuestionados provenían de operaciones con Bitcoin concretadas antes de su desembarco en la gestión pública.

Para el fiscal, los elementos probatorios recabados no alcanzan para refutar esa versión ni para demostrar un aumento patrimonial injustificado durante su paso por el Estado nacional. No obstante, el dictamen está lejos de significar el cierre del caso o el sobreseimiento de Adorni. El funcionario judicial alertó sobre la existencia de posibles irregularidades impositivas vinculadas a la declaración de sus ingresos, el manejo de dólares en efectivo y las transacciones con criptomonedas, maniobras que, a su criterio, deben ser analizadas por el fuero especializado. Ahora, la resolución sobre el cambio de competencia y el eventual traslado del expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo.

El rol del Bitcoin en la justificación patrimonial

El expediente original se centraba en la evolución de los bienes del exjefe de Gabinete entre diciembre de 2023 y junio de 2026. En ese lapso, la fiscalía detectó un desfase superior a los $43 millones entre los ingresos registrados y los gastos ejecutados, además de erogaciones por US$402.578, de los cuales unos US$374.000 se habrían cancelado en efectivo.

Frente a estas imputaciones, Adorni presentó un escrito en septiembre para responder una veintena de consultas relacionadas con gastos domésticos, viajes, créditos y la compra de inmuebles. Su principal línea de defensa se basó en argumentar que, entre 2014 y 2018, había invertido unos US $200.000 en criptomonedas. Según su relato, la posterior venta de esos activos le reportó US$591.544, suma que resguardó en dólares billete.

Para contrastar esta versión, el fiscal ordenó el rastreo de ocho direcciones digitales aportadas por los abogados de Adorni. Los peritajes confirmaron la existencia de las billeteras, su actividad en el período indicado (2014-2018) y que las claves estaban en poder de la defensa. Sin embargo, los expertos informáticos no lograron certificar quién administraba esas cuentas en aquel momento ni identificar fehacientemente a todos los intervinientes en las transacciones.

Ante la imposibilidad técnica de comprobar estos datos, Pollicita concluyó que no había sustento suficiente para desmentir el origen previo de los fondos argumentados por la defensa. En la misma sintonía, el análisis histórico de los ingresos del matrimonio Adorni-Angeletti arrojó que, si bien los registros fiscales no acreditaban por sí solos las operaciones descritas, la inversión inicial en criptoactivos no resultaba una imposibilidad económica.

Las sospechas de evasión impositiva

El giro hacia el fuero Penal Económico impulsado por el fiscal obedece a la presunción de que parte del dinero utilizado por el exfuncionario se mantuvo al margen del control estatal durante años.

El dictamen solicita a la Justicia especializada que evalúe potenciales maniobras de evasión en impuestos como Ganancias y Bienes Personales. Entre los puntos críticos señalados por Pollicita figuran: inconsistencias entre las plataformas digitales y las declaraciones juradas, el origen de los fondos para financiar las inversiones iniciales, la tenencia de moneda extranjera no bancarizada y la operatoria de compraventa de criptomonedas.

El fiscal también puso la lupa sobre el financiamiento privado declarado, ya que no se pudo certificar plenamente la entrega efectiva del dinero. Además, destacó como "indicadores de irregularidades" la constante utilización de dinero en efectivo, las operaciones a través de terceros y las modificaciones en las declaraciones juradas rectificativas concretadas luego de que tomara estado público la investigación.

En paralelo, Pollicita requirió que se abran investigaciones tributarias independientes sobre los desarrolladores inmobiliarios Pablo Feijoo y Leandro Miano, y el contratista Matías Tabar. También pidió girar las actuaciones al ente colegiado correspondiente para que analice el desempeño de la escribana Adriana Mónica Nechevenko en las operaciones de compraventa investigadas.

Inmuebles y gastos bajo la lupa

La causa judicial, impulsada originalmente por una denuncia de la legisladora nacional Marcela Pagano, posó su atención sobre la compra de dos inmuebles y diversos gastos personales.

Una de las adquisiciones cuestionadas es la de una casa en el barrio cerrado Indio Cuá, ubicada en Exaltación de la Cruz, escrita en noviembre de 2024 por US$120.000. De acuerdo al expediente, el pago se saldó con US$20.000 en efectivo y un crédito privado de US$100.000. Las posteriores remodelaciones en esta vivienda sumaron otro frente de conflicto: mientras Adorni aseguró que la obra costó US$175.000, el constructor Matías Tabar declaró haber recibido US$245.000 en negro.

La otra propiedad en la mira es un departamento en Caballito (calle Miró al 500) adquirido en noviembre de 2025 por un valor declarado de US$230.000. La ingeniería financiera de esta compra reportó el pago de US$30.000 en efectivo y otro mutuo privado por US$200.000.

A la par de las inversiones inmobiliarias, el exfuncionario debía brindar explicaciones ante la Justicia federal sobre los consumos escolares de su grupo familiar, el amoblamiento de sus viviendas, los viajes al exterior y los gastos en plásticos de crédito a nombre de allegados.