La delegación argentina comenzó este martes su exposición en Hamburgo para solicitar medidas cautelares que detengan la actividad de las empresas Navitas y Rockhopper en la Cuenca Malvinas Norte. Se trata de la primera vez que el país enfrenta judicialmente a Gran Bretaña en un tribunal internacional por una controversia vinculada a la soberanía.
Malvinas: el Gobierno inició su reclamo contra el Reino Unido en el Tribunal del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion Malvinas: el Gobierno inició su reclamo contra el Reino Unido en el Tribunal del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion
El Estado argentino comenzó este martes a exponer sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania. El objetivo central de la presentación es exigir que se dicten medidas provisionales para detener el avance del proyecto de hidrocarburos Sea Lion, impulsado en la Cuenca Malvinas Norte por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Este paso judicial marca un precedente histórico para la diplomacia nacional: es la primera vez que la Argentina litiga contra el Reino Unido frente a un tribunal internacional por un conflicto directamente vinculado a la soberanía sobre las Islas Malvinas.
También te puede interesar:
La comitiva oficial y los expertos internacionales
La misión en territorio alemán es encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy. El equipo gubernamental se completa con el embajador Mario Oyarzábal (consejero legal de la Cancillería y agente del caso); Juan Ignacio Stampalija (secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía); Santiago Castro Videla (subprocurador del Tesoro de la Nación); y Betina Pasquali de Fonseca, embajadora argentina en Alemania. La argumentación presentada fue redactada en conjunto por los equipos jurídicos de Economía, Cancillería, la Procuración del Tesoro y la Secretaría Legal y Técnica.
A la defensa nacional se sumaron tres destacados especialistas internacionales. El grupo incluye a Marcelo Kohen, exjuez ad hoc del propio Tribunal y exsecretario general del Institut de Droit International, quien ya representó a la Argentina en 2012 cuando se logró la liberación de la fragata Libertad. Lo acompañan Nico Schrijver, expresidente de la International Law Association y del Institut de Droit International; y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra.
Cronograma de audiencias y los fundamentos del reclamo
De acuerdo con el cronograma oficial establecido, las audiencias comenzaron el martes con la alocución argentina (de 10 a 13 horas) y la respuesta británica (de 15 a 18). Para este miércoles está pautada una segunda ronda destinada a repreguntas: la delegación nacional tendrá su turno entre las 10.30 y las 12, mientras que el Reino Unido expondrá de 17.30 a 19. Las sesiones se desarrollan en inglés o francés y pueden visualizarse mediante streaming en la página web del Tribunal.
La solicitud actual se desprende del arbitraje iniciado contra Gran Bretaña el pasado 28 de septiembre, bajo el paraguas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Debido a que ese tribunal arbitral todavía no terminó de conformarse, el 13 de octubre la Argentina debió recurrir a la sede de Hamburgo para pedir una medida de urgencia. Concretamente, se exige prevenir el comienzo o la continuidad de la extracción de crudo en la plataforma continental, que los británicos se abstengan de agravar la disputa y que no le impidan al país cumplir con su deber de proteger el ecosistema marino.
El argumento principal del Gobierno radica en que el avance de la explotación provocaría un hecho consumado irreversible y generaría un daño irreparable a los derechos nacionales, motivo por el cual no se pueden aguardar los tiempos administrativos del arbitraje original. Según las proyecciones de las empresas operadoras, las perforaciones iniciarían en 2027, para luego alcanzar la fase de producción comercial en 2028.
Cuándo habrá un fallo y los tres escenarios posibles
El Ejecutivo calcula que el Tribunal emitirá su resolución en un plazo de entre dos y cuatro semanas (para la segunda quincena de noviembre o principios de diciembre). Para realizar esta estimación se basan en el caso de la fragata Libertad retenida en Ghana: en aquella oportunidad, la Argentina solicitó las medidas el 14 de noviembre de 2012, las audiencias se celebraron el 29 y 30 de ese mes, y el buque fue finalmente liberado el 15 de diciembre. No obstante, las fuentes aclaran que aquellos tiempos no fijan un plazo obligatorio para este caso.
En los despachos oficiales evalúan tres posibles escenarios de resolución:
Que el Tribunal apruebe la totalidad del planteo y ordene detener la actividad. El Gobierno afirma que el Reino Unido ya se comprometió a acatar esta orden, frenando la explotación hasta que se defina la cuestión de fondo en el arbitraje.
Que se dicte una medida intermedia, aceptando solo algunos puntos de la solicitud.
Que el pedido sea rechazado por considerar que no se cumplen las condiciones de urgencia o por falta de jurisdicción prima facie. En este supuesto, no se aplicarían medidas inmediatas, pero el proceso de arbitraje seguiría su curso y Argentina podría volver a solicitar cautelares una vez que dicho tribunal esté constituido.
Desde la Casa Rosada expresaron optimismo en la previa, aunque admitieron que la determinación final está en manos de los jueces y no hay garantías de éxito. Asimismo, subrayaron que ningún fallo adverso implicará otorgarle validez legal a las actividades británicas y que la ofensiva jurídica se mantendrá inalterable.
Notificaciones, sanciones penales y la nueva ley de Soberanía
La presentación en Hamburgo es solo uno de los frentes de la estrategia nacional. A partir del discurso emitido por cadena nacional por el Presidente en el mes de septiembre, la administración central despachó más de 180 notas de desaliento orientadas a las firmas vinculadas al proyecto Sea Lion y a otras exploraciones en la región en disputa, abarcando también a licenciatarias pesqueras, proveedores de servicios y a los países donde radican estas compañías.
Paralelamente, se iniciaron 60 procesos sancionatorios —si bien desde el Gobierno reconocen que aún no se han aplicado penalidades de carácter definitivo— y se radicaron múltiples denuncias penales. Uno de los expedientes abiertos recae sobre la compañía Thales UK Limited, acusada de efectuar vuelos no autorizados dentro del espacio aéreo soberano nacional con destino a las islas.
Toda esta arquitectura jurídica se completa con el impulso en el Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, destinado a sustituir la Ley 26.659. La iniciativa propone la creación del Sistema de Seguridad Nacional y se asienta sobre tres pilares: penalizar la explotación ilegítima de los recursos naturales en el archipiélago, el mar y la plataforma; crear incentivos para que los actores implicados desistan de esas actividades; y otorgarle al Estado nacional nuevas herramientas para enfrentar amenazas externas.
El proyecto legislativo ya logró dictamen en la Cámara de Diputados, aunque todavía existen diferencias internas en el oficialismo y entre los bloques dialoguistas, principalmente respecto al control parlamentario y las atribuciones que tendría el futuro Consejo de Seguridad Nacional.
Finalmente, la estrategia geopolítica se apuntala con el avance en la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia —clave para el control del Atlántico Sur y la presencia en la Antártida— y con la continuidad de los históricos reclamos diplomáticos ante los diferentes organismos de las Naciones Unidas.
