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Diego Spagnuolo pidió su sobreseimiento en la causa ANDIS tras el peritaje de Gendarmería sobre los audios

La defensa del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad solicitó al juez Ariel Lijo que declare la nulidad de la resolución inicial del 21 de agosto de 2025 y excluya las grabaciones del expediente, al sostener que no se acreditó su autenticidad ni la identidad de la voz.

19/11/2026 15:02 Política
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El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, solicitó formalmente su sobreseimiento ante el juez federal Ariel Lijo en el expediente que investiga presuntas maniobras de corrupción en el organismo durante su gestión. El planteo se apoya en las conclusiones del peritaje técnico realizado por la Gendarmería Nacional sobre los audios que dieron origen a la pesquisa.

Mediante un escrito presentado este jueves, el abogado defensor Pablo Parera requirió que las grabaciones sean excluidas de la causa y que se declare nula la resolución firmada el 21 de agosto de 2025 por el magistrado Sebastián Casanello, quien subrogó el Juzgado Federal N° 11 hasta febrero de este año. Aquella decisión judicial había habilitado los primeros allanamientos contra Spagnuolo, las sedes de la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, entre otros objetivos. Con esta estrategia, la defensa busca invalidar el acto inicial del proceso para provocar la caída de todas las medidas probatorias posteriores.

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Las conclusiones técnicas de Gendarmería y la postura de la fiscalía

En su presentación, Parera remarcó que los especialistas de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería no efectuaron el cotejo de voz previsto, motivo por el cual no se comprobó científicamente que sea el exfuncionario procesado quien habla en los registros sobre supuestas coimas y negociados irregulares.

El estudio oficial determinó que los archivos exhiben signos de haber sido regrabados por "transferencia acústica" —reproducidos mediante un altavoz y capturados nuevamente con otro aparato—, además de registrar cortes, discontinuidades sonoras y repeticiones de fragmentos. Tampoco permitió confirmar ni descartar el uso de inteligencia artificial o voces sintéticas, si bien detectó rasgos propios del habla humana, como pausas respiratorias, cambios de velocidad al articular, variaciones tonales, sílabas repetidas y chasquidos linguales.

Frente a ese dictamen, los cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) propuestos por el Ministerio Público firmaron en disidencia y plantearon que sus laboratorios cuentan con capacidad para realizar el cotejo vocal pendiente.

Por su parte, el fiscal federal Franco Picardi, titular de la investigación, sostiene que las grabaciones jamás fueron empleadas como elemento probatorio para sustentar la imputación, el llamado a indagatoria ni los procesamientos posteriores. Sin embargo, los letrados de Spagnuolo citaron un pasaje del fallo de Casanello del 21 de agosto para refutar esa postura: "En su dictamen, la fiscalía hizo alusión a dichos audios, destacando referencias a un presunto esquema de corrupción vinculado a la compra de medicamentos en el cual se encontrarían vinculados determinados segmentos de la Administración Pública Nacional y la droguería Suizo Argentina S.A.".

El planteo de nulidad y la teoría de la "prueba invisible"

Para la defensa, la imposibilidad de determinar el origen, la fecha, el lugar, las circunstancias de obtención y la cadena de custodia de las grabaciones demuestra que se trataría de recortes compaginados por terceros. Asimismo, Parera recordó que la Cámara Federal porteña había condicionado la validez del proceso al resultado de esta pericia, por lo que reclamó aplicar la regla de exclusión probatoria.

Según el argumento defensista, todas las medidas subsiguientes —incluidos el secuestro de teléfonos, los peritajes informáticos, los requerimientos bancarios y los testimonios— derivaron directamente de aquellos registros sin que existiera un "cauce independiente" o una prueba "paracaidista" obtenida por vía autónoma.

Finalmente, el escrito advirtió que, si bien el fiscal omitió mencionar las grabaciones en sus dictámenes desde octubre de 2025, estas ya habían servido de base para ordenar allanamientos, aperturas de cajas de seguridad y pedidos de registros de ingresos en barrios privados. El abogado definió este mecanismo como una "prueba invisible" que, pese a desaparecer formalmente de los textos judiciales, continuó operando como sustento oculto de la investigación.

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