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La crisis en Yemen y el impacto en la Argentina

20/09/2019 08:08 Opinión
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La crisis en Yemen y el impacto en la Argentina La crisis en Yemen y el impacto en la Argentina

Por Pedro José Basbús. Magistrado. Profesor asociado cátedra de Derecho Internacional Público, Ucse.

El reciente ataque con drones a las dos principales refinerías del gigante petrolero saudí Aramco ahonda aún más la guerra civil, en lo que la ONU ya definió como la peor crisis humanitaria del mundo en la actualidad.

El objetivo de los 10 drones cargados de explosivos fueron sendas refinerías en Abqaiq y Khurais, según la cadena de televisión Al Masirah (bajo control Houthi).  Aramco tiene en Abqaiq, a 60 kilómetros al suroeste de Dhahran (donde está su sede), la mayor planta de procesamiento de crudo del mundo. Por allí pasan dos tercios de los 10 millones de barriles que produce cada día. Khurais, 200 kilómetros más al oeste, es el segundo mayor depósito petrolífero de esa empresa pública que está acelerando sus planes para salir a Bolsa.


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El ataque produjo la interrupción de la producción de la refinería en un 50% de su capacidad, disparando el precio del crudo a nivel internacional y, si bien se señala que los incendios fueron controlados, no es menos verdad que este bombardeo se enmarca en una seguidilla de atentados que se  vienen produciendo contra instalaciones petroleras y buques cisterna en el golfo Pérsico.

Ahora bien ¿cuáles son las causas de esta crisis? ¿Por qué se encuentran involucrados Arabia Saudita y Yemen? ¿Qué papel juegan los EE.UU., Irán, China y Rusia? ¿Cuál es el rol de la ONU? ¿Argentina puede resultar perjudicada? Son preguntas que el lector puede proponerse y que se intentarán responder.

Antecedentes

Considero necesario reiterar conceptos oportunamente vertidos en un artículo similar ya publicado en este medio, pero que sintetizan los motivos por los cuales en Yemen, un olvidado país de la península arábiga, se ha desatado una guerra civil que derivó en una de las peores crisis humanitarias, que ya incluye a más de 20 millones de personas al borde la hambruna.

La actual República de Yemen surgió en el año 1990  tras la unificación de la República árabe de Yemen (vgr. Yemen del Norte)  y la República Popular Democrática de Yemen (Yemen del Sur). La primera alcanzó la independencia en 1918 con la división y partición del imperio otomano, mientras que los británicos mantuvieron el control en el sur del país hasta 1967, cuando nació Yemen del Sur. Los dos países se unificaron formalmente como la República de Yemen en 1990. Un movimiento secesionista en el sur fue rápidamente disipado en una breve guerra civil en 1994. En el año 2000, Yemen y Arabia Saudita acuerdan la delimitación definitiva de sus fronteras.

Yemen es el país más pobre de Oriente Medio. Dije anteriormente que era un país fronterizo. Me corrijo, aquella condición ha migrado al de un estado fallido,  similar a Somalía. Bajo el gobierno del presidente Alí Abdullah Saleh, Yemen fue  descrito como una cleptocracia (o dominio de los ladrones).


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Yemen estuvo  en crisis política desde el año 2011, comenzando con las protestas callejeras contra la pobreza, el desempleo, la corrupción y el plan del presidente Saleh de enmendar la Constitución y eliminar el límite del mandato presidencial, convirtiéndolo de hecho en presidente de por vida.

El país no estuvo exento de los movimientos de protestas que comenzaron con la denominada “Primavera árabe”,  empero y conforme este último movimiento se diluyó en el tiempo, lo que había principiado como un atisbo de cambio, en el mismo tiempo colapsó.

El presidente Saleh renunció y los poderes de la presidencia fueron transferidos al vicepresidente Abd Rabbuh Mansour Al Hadi, quien fue elegido oficialmente presidente el 21 de febrero del año 2012 en una elección de una sola persona. El proceso de transición fue interrumpido por los conflictos entre los Hutis (Houthis o Huzíez) y el movimiento Al Islah. Dable es decir que los Houthis  son  un grupo insurgente de raíz zaidí/chiita que opera en Yemen.

Por su parte el movimiento Al Islah, es el principal partido opositor, en esencia sunita.

Es de destacar que, asimismo, Yemen soportó la insurgencia de Al Qaeda y luego del denominado Daesh o Estado Islámico. En septiembre del año 2014, los Houthis se apoderaron de Saná (capital de Yemen),  declarando más tarde el control del país después de un golpe de estado. Esto resultó en una nueva guerra civil y una intervención militar dirigida por Arabia Saudita  para prevenir el colapso del gobierno incipiente de Hadi.

Partidos políticos

La composición del sistema de partidos en Yemen es hegemónico, aunque la existencia y competencia con otros sectores ha estado presente desde la unificación del Estado. El partido hegemónico, y por lo tanto el del régimen desde 1982, es el Congreso General del Pueblo (GPC por sus siglas en inglés). Fue formado por el presidente y su grupo político años después de la creación de la República árabe de Yemen. Sirvió para justificar los intereses del Estado en múltiples instancias y no admite competencia política real. El Al Islah  es el partido islamista, compuesto por una facción de los Hermanos Musulmanes, tribus y la rama sunni Salafi (vgr. Movimiento político y religioso fundamentalista  sunnita que propone el retorno a los orígenes del islam como medio de extender la ideología del  wahabismo saudí y catarí entre los musulmanes). Al Islah surge como una competencia que legitimaba al régimen, tras la unificación de Yemen en 1990, pero poco a poco se separó del control de aquel. 

Por su parte, el Partido Socialista (un rezago de la historia de la colonia en Aden, provincia de Yemen) sirvió como contrapeso al partido de Saleh en 1990, pero perdió fuerza inmediatamente. Actualmente la competencia política está coartada por un sistema electoral que favorece los distritos controlados por el régimen, a pesar de la salida de Saleh de la presidencia. 


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A partir del golpe de estado en el año 2014 se desarrolló una crisis socio económica que migró en una guerra civil entre dos entidades que reivindican constituir el gobierno yemení. Por un lado los separatistas del sur y las fuerzas leales al gobierno de Al Hadi, con sede en Aden, y por el otro bando los Hutíes y sus fuerzas, leales al ex-presidente Alí Abdullah Saleh. Como se señaló, en el año 2011, luego de la serie de rebeliones y protestas acontecidas en todo el mundo árabe, los ciudadanos yemeníes se rebelaron contra el régimen de Alí Abdullah Saleh, mediante una serie de manifestaciones pacíficas que fueron reprimidas violentamente por el gobierno. A pesar de la promesa de una transición de poder ordenada y progresiva, para finales de marzo del 2012, muchos grupos aún continuaban con las protestas en el Estado. La situación política y social del país empeoró a lo largo del 2012, hasta que se logró la destitución del Presidente.La rebelión yemení debilitó el país y permitió la entrada de Al Qaeda y luego del Isis  que  prometieron cambios en el país que nunca llegaron. 

Guerra de Yemen

El 25 de marzo de 2015, una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí lanzó ataques aéreos contra el grupo armado de los hutíes en Yemen, desencadenando un auténtico conflicto armado.Desde entonces, el conflicto se ha ido extendiendo y los combates se han propagado por todo el país. En todo Yemen se cometen crímenes de guerra y terribles abusos contra los derechos humanos, lo que está causando insoportables sufrimientos a la población civil.

En este contexto, hay en curso una intervención militar extranjera, Operación Tormenta Decisiva, que comenzó cuando la coalición de Estados árabes (vgr. diez estados), liderada por Arabia Saudí, emprendió una campaña de bombardeos en territorio de Yemen el 25 de marzo de 2015, para intentar repeler a las fuerzas hutíes, presuntamente respaldadas y armadas por Irán. Pese a los ataques de la coalición, la mayor parte de las víctimas resultan ser población civil.

El 18 de agosto de 2015, Amnistía Internacional (AI)  denunció que se cometían crímenes de guerra contra la población civil de Yemen, incluyendo a las fuerzas leales que respondían a Al Hadi en el grupo de los responsables de los mismos. Para sustentar su informe, AI, presentó evidencias de ocho ataques aéreos que mataron a 141 civiles y dejaron heridos a 101. Ambas partes utilizan como armas cohetes de granizo, morteros y artillería considerados imprecisos y que no permiten discriminar objetivos en zonas altamente pobladas. Por ello, AI reclamó al Comité de Derechos Humanos de la ONU la creación de una comisión independiente para investigar estos supuestos crímenes.

La violencia se incrementó con el asesinato del ex presidente Alí Abdullah Saleh (diciembre de 2017) acusado por las fuerzas huties de traidor al haber ofrecido una alianza con el presidente derrocado y único reconocido internacionalmente, Abdo Rabu Mansur Hadi.

El asesinato de Saleh y de parte de su comitiva ya es considerado por expertos de la región, como un disparador de una etapa más sangrienta de un conflicto armado que ya ha producido más de diez mil civiles muertos y una crisis humanitaria sin precedentes en la zona. El atentado a las dos refinerías saudíes es una muestra de que la violencia no se detendrá en esta guerra civil.

Según la ONU, la coalición encabezada por Arabia Saudita (principal aliada de los EE.UU.) es responsable de la muerte del 60% de las víctimas civiles y el bloqueo aéreo y marítimo está agravando la crisis humanitaria que ya se ha cobrado casi veinte millones de personas al borde de la hambruna y a casi un millón de ellas acechadas por el cólera, mientras la comunidad internacional organizada es un espectador casi indiferente del conflicto desatado. 

El rol de la comunidad internacional

En poco más de 25 años, Yemen, un país de 26 millones de habitantes, sufrió la peor guerra civil, un levantamiento armado separatista, una campaña de bombardeo de drones  de los EE.UU. en contra de Al Qaeda y, en estos momentos el conflicto que surge como una diatriba entre Arabia Saudita (de mayoría sunnita), su aliado los EE.UU. e Irán (chiita) y sus aliados Rusia y China. Lo grave es que, en medio de esta crisis, asoma la población civil, en su mayoría mujeres y niños, víctimas de la puja geopolítica de potencias regionales e internacionales por el control de un estrecho (Ormuz) paso obligado de gran parte del  tráfico del petróleo en el mundo.

Suba del petróleo

Asimismo el ataque a las refinerías de petróleo hizo que, de manera automática ascienda el precio de este recurso, lo que golpea directamente en nuestro país porque el Gobierno tuvo que dar marcha atrás con el congelamiento del precio de sus combustibles y otorgar un aumento del 4%, porque se había alcanzado una brecha de casi el 30% teniendo en cuenta el precio del dólar estadounidense.


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El interrogante que surge es acerca del rol de la comunidad internacional frente a estas crisis humanitarias. Las crisis de los Balcanes, Ruanda, Myanmar, Darfur, Libia, Siria, entre otros, pusieron en tensión por el principio de no intervención plasmado en la Carta de las Naciones Unidas y, especialmente, en la Resolución de la Asamblea General 2625/70.

Emerge, frente a aquel, el concepto de la responsabilidad de proteger, principio que indica que la comunidad internacional organizada debe intervenir en crisis humanitarias cuando el propio Estado en donde ésta se desarrolla no puede, por su falta de capacidad, o no quiere, por voluntad propia proteger a su población.

Lamentablemente y sin  perjuicio del desarrollo de este principio, se observa que la comunidad internacional ha ralentizado su respuesta, ya sea por el recelo propio de cada Estado (en donde tienen lugar los acontecimientos), o por el resto de los estados que,  por distintos  intereses, se abstienen de intervenir o bien por la ausencia de implementar la tan ansiada cooperación internacional que se menciona en la Carta de Naciones Unidas.

La población civil, principal víctima de las crisis humanitarias, requiere de acciones rápidas  y soluciones expeditas pues, según el “Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio”, establecido por el entonces secretario general de la ONU Kofi Annan, en el año 2003, los Estados tiene una obligación erga omnes de tomar, cuanto antes, todas las medidas a su alcance para prevenir o poner fin a las violaciones graves y masivas  de los derechos humanos.Es imperativo, por ello, aprehender este principio pues de otra manera, las crisis humanitarias seguirán multiplicándose.

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