El Gobierno nacional quitó la concesión de 5 corredores viales El Gobierno nacional quitó la concesión de 5 corredores viales
El Gobierno nacional decidió quitar la concesión de cinco corredores viales y estatizar el mantenimiento de 3.374 kilómetros de rutas nacionales, hasta tanto se liciten nuevamente. Se trata de rutas que fueron concesionadas a empresas privadas, concesiones que se vencieron hace dos años y que el Gobierno las venía renovando con resoluciones que fueron impugnadas ante la Justicia. Esto abarca los tramos de las rutas nacionales 9 y 34 en su trayecto por Santiago del Estero.
La medida significará un ahorro de alrededor de $ 2.500 millones anuales, ya que operar y mantener las rutas le costará al Estado unos $ 1.000 millones contra los $ 3.500 millones que le venía girando a las administradoras privadas en materia de subsidios para mantener las rutas en condiciones.
El Decreto que estatiza el manejo de estos corredores viales se publicará hoy en el Boletín Oficial. Allí se especifica que la empresa estatal Corredores Viales se hará cargo de esas rutas, hasta que “se liciten nuevamente los corredores o con un plazo máximo de cinco años”, indicó Ezequiel Christie, gerente ejecutivo de Planeamiento y Concesiones de Vialidad Nacional.
En los cinco corredores viales trabajan actualmente 978 empleados, que con esta decisión pasarán a formar parte de la empresa estatal Corredores Viales, formada por el Ministerio de Transporte (51%) y Dirección Nacional de Vialidad (49%). O sea, se suman a la planta del Estado.
El Gobierno resolvió que la estatal Corredores Viales se haga cargo de las nuevas operaciones en las rutas 8, 9, 12, 16, 19, 34, 36 y 188, ya que Vialidad Nacional no puede cobrar peajes ni incorporar los empleados que estaban en los cinco corredores concesionados. En total las rutas atraviesan 11 provincias.
Las concesiones de los cinco corredores viales que ahora pasan al Estado se hicieron en 2010 y vencían originalmente en abril de 2016, con una única opción de prórroga por 12 meses, que le fue otorgada por el Gobierno. A partir de entonces, el titular de Vialidad, Javier Iguacel, las fue renovando sin concurso, con resoluciones “ad referéndum del Poder Ejecutivo”, que extendieron las concesiones hasta abril 2018 y, después, hasta que se asigne a otra concesión, a la espera de que se liciten las obras por la Participación Público Privada (PPP), inversiones que se demoraron por los vaivenes financieros del país. Esos proyectos PPP eran las obras que el Gobierno planeaba licitar en dos etapas.
