La verdad sobre el negocio de la droga

Por Alberto Pravia. Ex Fiscal y Camarista Federal. Autor del libro Fuerzas de Seguridad.

En plena campaña electoral casi de casualidad un candidato a gobernador hizo una afirmación apocalíptica y generó un buen disenso sobre uno de los problemas que más aquejan a la sociedad.

En un momento de crisis que sobrelleva el país, la falta de trabajo y el negocio de la droga fueron motivadores de una discusión dialéctica.

Cuando ese candidato bonaerense sostuvo que “el problema no es perseguir al pequeño consumidor, con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, obviamente es un delito, pero no pasa por ahí el fenómeno”, lo que nos plantea es sencillamente, qué hacer con una realidad indubitable, la droga existe y es un negocio.

Capaz que no fue claro, pero la verdad es una sola y la realidad nos la demuestra todos los días, menores y no tanto que no solo se drogan sino que lo hacen además como una forma de subsistencia.

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Es cierto, ello está mal, obviamente que sí, pero en este punto no alcanza solo con la persecución sino que el remedio pasa por un Estado presente y a través de medidas no solo policiales o judiciales, sino que debemos plantear cambios y acciones concretas en lo educativo, cultural, laboral, sanitario.

Seamos claros, sostengo que los argentinos nos convertimos como por arte de magia en directores técnicos de la Selección, ministros de Economía y ahora expertos en narcotráfico, y lamentablemente desde el ciudadano de a pie pasando por periodistas, panelistas, dirigentes y funcionarios, pocos saben  y comprenden sobre esta temática.

Confunden narcotráfico con narcomenudeo, creen que los narcotraficantes son los que conforman las pequeñas células de la venta de drogas al menudeo, lo que no saben que estos “quiosquitos” nacen no solamente de la mano del ilícito como forma azarosa de vida sino también como una respuesta a situaciones de marginalidad y vulnerabilidad.

Las drogas son el refugio de miles de víctimas de este negocio “homicida”, pero también una manera de “ganarse” la vida.

Cuando el Código Penal nos señala que un estupefaciente es una sustancia que crea una dependencia física y síquica, nos dice que el cuerpo la requiere, pero la mente la utiliza para cubrir otras falencias, abandonos, abusos, carencias, falta de oportunidades.

Los datos estadísticos nos marcan que entre los 12 y 16 años es cuando se tienen los primeros escarceos con la droga y que ello se da en la calle, lo cual significa que el narcotráfico nos ganó la calle, allí radica el problema y es ahí donde deberemos poner atención.

Como un dato anecdótico importante podemos decir que el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba  nos ilustra que el 52% de los judicializados por narcomenudeo son adictos, entonces no sólo enfrentamos a delincuentes, fundamentalmente nos topamos con víctimas.

Tenemos el fallo “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de allí surgen las posiciones que pretenden declarar la despenalización o bien la legalización del consumo de estupefacientes, pero todos se olvidan de leer completa dicha resolución.

Despenalizar o legalizar las drogas no solucionará el problema sin que previamente se adopten  otras medidas y demostrando que el Estado junto con la sociedad civil pueden proteger a las víctimas y evitar que la droga  cautive a los “principiantes”.

Entre sus considerandos “Arriola” nos marca un camino: “En lo referente a la contención de la demanda, además de la persecución de la oferta, se obliga a los Estados a preparar su aparato de salud pública, asistencia y educación, de modo que asegure que los adictos puedan recibir tratamientos físicos y psicológicos para curarse de sus adicciones” .  

Por su parte en el resolutorio se establece  no solo la inconstitucionalidad de la punibilidad del consumo de estupefacientes cuando se hace sin trascendencia a terceros en un ámbito privado sino  que hace una fuerte exhortación a los Poderes Públicos y a la Sociedad Civil.

Sobre esto último nadie dice nada, pasa desapercibido y nos demuestra que en el tema de adicciones, el Estado en general posee  cierta ceguera intelectual, no ve lo que es evidente, que no solo alcanza con la lucha contra el narcotráfico sino que debemos ir hacia las causas del consumo y salir a auxiliar a las víctimas, que no solo son los consumidores, sino que son sus familias y obviamente la sociedad en general.

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La Corte en “Arriola” es muy clara cuando afirma que  se debe “exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país”.

En este punto nos preguntamos ¿hay áreas especializadas en los hospitales públicos para recibir a los adictos? ¿Hay lugares suficientes en el país para tratar a los adictos o siquiera a los principiantes del consumo de drogas? ¿Qué medidas en concreto se tomaron para ganar la calle y cobijar a nuestros jóvenes en la cultura, la educación,  el deporte y el trabajo?  La lucha contra el narcotráfico y por ende al narcomenudeo, no es solo la mera persecución de los consumidores, sino que también se debe generar una malla de contención que atienda a las problemáticas que hacen que nuestros jóvenes busquen refugio en las drogas. 

Con judicializarnos y meterlos presos no los recuperamos y al salir seguirán con su penoso derrotero.Francisco nos llama la reflexión cuando afirma que las drogas son “un veneno que corroe, corrompe y mata”;  esto significa que la droga corroe el cuerpo social, corrompe las instituciones y mata al individuo que las consume y obviamente la solución no se circunscribe en cerrar un quiosquito porque se abrirán otros,  la forma de evitarlo o morigerar esta situación es ganarle la calle a las drogas con acciones concretas, ello es cumplir con la manda constitucional, garantizar educación, salud y trabajo, lo demás vendrá por añadidura.