La Justicia prohibió los subsidios de $ 5.000 por considerarlos “electorales” La Justicia prohibió los subsidios de $ 5.000 por considerarlos “electorales”
Este viernes, la jueza federal con competencia electoral, María Servini, prohibió al Ministerio de Producción y Trabajo y la Secretaria de Empleo de la Nación disponer fondos en concepto de subsidios a desocupados hasta después de las elecciones generales del próximo 27 de octubre.
La decisión adoptada por la jueza María Servini se conoció este viernes.
La medida cautelar, dirigida al ministro Dante Sica y al secretario Fernando Prémoli, fue ordenada a pedido de los apoderados del Frente de Todos, Jorge Landau y Gerónimo Ustarroz, quienes denunciaron una infracción al artículo 139 inciso B del Código Electoral de la Nación, que sanciona "a quien compeliere a un elector a votar de manera determinada". La jueza, dictó así una medida cautelar para que no se pueda hacer efectivo el pago de $ 5000 mensuales que se iban a otorgar través de un programa nacional, ofrecido en todo el país.
La magistrada en su fallo, dijo que el otorgamiento de planes "podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años. Es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social", lo que podría ser entendido como "un condicionante" ante la proximidad de las elecciones del 27 de octubre.
El ministro Dante Sica deberá dar marcha atrás con el pago del bono.
En Santiago del Estero, el Juzgado Federal N° 2 había dictado una medida similar ante una causa penal que se tramita en contra de dirigentes de Juntos por el Cambio, que estaban haciendo uso del mismo programa, firmado por el presidente Mauricio Macrio y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, para captar votos.
El abogado José Bernardo Herrera denunció penalmente en la Justicia Federal a la gerenta local de la Anses, Natalia Neme y a dos vecinos de Nueva Esperanza, uno de ellos dirigente de Juntos por el Cambio, por la supuesta compra de voluntades de ciudadanos para que voten a los candidatos del oficialismo nacional. Para ello, según indica la denuncia, se utilizarían fondos de la Anses destinado a sectores vulnerables.
La denuncia penal del abogado fue radicada en contra de Natalia Neme, de Iván Ruiz y Adrián Hilario Puy, ambos con domicilio en Nueva Esperanza. éste último, fue candidato a comisionado municipal de Santo Domingo, por Cambiemos.
El pedido de imputación e investigación de Herrera también alcanza a “funcionarios que tuvieran responsabilidad en la generación, aplicación y ejecución de planes o programas remunerados, destinados a beneficiarios a cambio de la emisión del sufragios para las elecciones generales nacionales del 27 de octubre de 2019 y/o quienes resulten autores y/o partícipes de los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación en contra de la administración pública nacional y/o delitos electorales previstos en el Código Electoral Nacional y leyes respectivas, y/o los que surjan de la presente investigación que se insta”, señaló el escrito presentado en la Justicia Federal.
El Dr. Herrera indicó en su presentación que “habiendo transcurrido las elecciones PASO realizadas el 11 de agosto de 2019, en la cual la voluntad popular se expresó mayoritariamente a favor de los candidatos del Frente de Todos, y en vísperas de la Elección General convocada para el 27 de octubre de 2019, surgieron acciones tendientes a burlar la voluntad popular por parte del sector de la alianza Juntos por el Cambio, ante la improbable posibilidad de revertir este resultado electoral”.
La medida que había anunciado el presidente Macri en agosto pasado, quedará sin efecto.
Herrera manifiesta que se hizo eco de una investigación periodística “sobre la compra de votos en la provincia de Santiago del Estero, más precisamente en la localidad de Nueva Esperanza por parte de dirigentes y funcionarios que responden a la alianza Juntos por el Cambio”, lo que lo llevó “a la obligación de interponer” la “denuncia criminal e instar al Ministerio Fiscal a su investigación”.
Aporta como prueba, que en la investigación periodística se muestra un video según el cual entiende, “surge a las claras como una persona, identificada como Iván Ruiz con domicilio en la localidad de Nueva Esperanza, en una entrevista les propone -a vecinos- la incorporación a un plan que es manejado por funcionarios y dirigentes políticos que responden a la alianza Juntos por el Cambio, en este caso la Dra. Natalia Neme, actual candidata a Diputada Nacional de Juntos por el Cambio y funcionaria en ejercicio de la Gerencia de la ANSeS ( Santiago del Estero) y el Sr. Adrian Puy, dirigente de Juntos por el Cambio y excandidato a Comisionado Municipal de Santo Domingo por la Lista de Cambiemos”.
