Abrir la Ley Cerrojo, una carta para esquivar el fallo del juez Thomas Griesa Abrir la Ley Cerrojo, una carta para esquivar el fallo del juez Thomas Griesa
Ante la decisión de un juez que sigue de cerca las fuertes declaraciones del Gobierno, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, pedirá a la Cámara de Apelaciones en EEUU que “reviste esta decisión”, aunque aún no se sabe qué cartas jugará el Gobierno mañana.
Pero a partir de ahora, ¿cuál sería la mejor solución para el Gobierno? Los economistas consultados por Infobae coinciden en que una posición media entre lo que el Gobierno y los holdouts quieren sería una forma de terminar de pagar la deuda. En este sentido, proponen tanto abrir la llamada Ley Cerrojo como aplicar un “pari passu”, por el cual los que quedaron fuera del canje cobrarían lo mismo que los que aceptaron en 2005 y 2010.
“Una acción legal más lógica hubiera sido abrir la Ley Cerrojo para decir que se está dispuesto a pagarle a los holdouts lo mismo que a los demás, como mucho. La Argentina se coloca en una posición más negociadora, más abierta de cara a la Justicia”, dice Fausto Spotorno, director del área de Research de Ferreres & Asociados.
La Ley Cerrojo fue establecida por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna para lograr una gran aceptación en el canje I. Se promulgó en febrero de 2005, y en ese entonces se reestructuraba una deuda por casi u$s 100 mil millones. Dentro de esta ley, un artículo especificaba que el Poder Ejecutivo no podría reabrir el canje. El Gobierno podría suspenderla o derogarla y, de esta forma, regularizar el 8% restante de la deuda.
Para Spotorno, si la Argentina mantiene su posición intransigente y dice que no pagará, “es posible que un fallo como el de Griesa se haga realidad”.
Igualdad de condiciones
Una nueva interpretación del “pari passu” es lo que propone Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad. “Le debería ofrecer a la Cámara de Apelaciones pagarle a los fondos buitre lo mismo que se le paga a la gente que entró en el canje”, insiste. El economista destaca que no se trataría de una reapertura, puesto que no sería voluntario, ya que son los jueces los que toman la decisión.
La Cámara de Apelaciones podría aceptar un escenario de estas características, porque cuando se emite un bono soberano existe la cláusula de acción colectiva. “Si hay cierto número de bonistas que aceptan la reestructuración, se le impone al resto. La Argentina debe pedir que se replique eso en este caso”, adhiere Sturzenegger.
Esta forma de ver el “pari passu” o igualdad de condiciones es diferente a la del juez de EEUU. “La interpretación que hace Griesa es bastante favorable a los holdouts, porque supone que se les debe pagar toda la deuda ahora, mientras que a los que aceptaron el canje, se les pagó el servicio de deuda que corresponde a este período”, explica Juan José Vázquez, analista senior de Bull Market Brokers. Y agrega: “No se puede hablar de trato igualitario en esas condiciones”.
Miguel Kiguel, director de Econviews, dice que ya es muy difícil que la Argentina pueda negociar, aunque sí puede revertir el fallo. Ante la Cámara de Apelaciones, el Gobierno debería argumentar que se está violando el derecho de propiedad de los bonistas, y que se está afectando a terceros. “Ahí dependemos de los abogados”, opina el economista.
Por su parte, Sturzenegger considera que un default técnico “no afectaría la solvencia de los bancos privados”. La tenencia de títulos públicos en bancos privados representa el 12% de los activos de esas entidades, y de ese 12%, el 9 por ciento son letras y notas del Banco Central. “Espero que el Gobierno se no se mantenga en la posición autista, porque tendrá el mismo resultado”.
El deadline que impuso Griesa –ya conocido como el 15D, por el 15 de diciembre- coincide con el día en que vencen los cupones atados al PBI. “Si no hay una solución para ese momento -continúa Kiguel-, la plata quedaría en el Banco de Nueva York, y no sería de los bonistas ni del Gobierno. Por eso, estamos corriendo contrarreloj”.
