Ni una menos

El 3 de junio pasado se conmemoró

un nuevo aniversario

del inicio del movimiento “ni

una menos”. Una decisión colectiva

de decir basta como sociedad

a uno de los delitos que

nos sacude: el feminicidio, consecuencia

de la violencia contra

la mujer.

La pandemia que vivimos

y que aun estamos sufriendo

día a día obligó en cierto

momento al aislamiento

obligatorio,

es decir que nos pedía

que salgamos

menos, que guardemos

distancia,

que nos quedemos

en casa, donde

deberíamos estar

más seguro.

Algo lógico que se

convirtió, también en una

trampa para muchas mujeres.

Efectivamente, la pandemia por

Covid-19 también puso en evidencia

otras pandemias, desde

la de la salud mental, como

también la de la violencia contra

la mujer.

Así, los datos alarmantes

de las muertes de mujeres

por culpa de la violencia,

en todas sus dimensiones, nos

preocupan, nos inquietan, nos

afectan y, por suerte, motivan a

hacer algo a muchas personas.

Sin embargo, estamos abocados

a lo que sería prevención secundaria

o terciaria, la que es imprescindible

en muchas situaciones.

Pero, la pregunta

que hoy quisiera

hacer es ¿qué estamos

haciendo y,

también, ¿qué no

estamos haciendo

para que en el

futuro haya menos

violencia? A ver,

hoy se hacen cosa para

prevenir: sensibilizar,

señalizar, sancionar a las violencias

como algo que no queremos.

Esto ya es un paso importante.

Tanto como reducir

los riesgos de que sucedan, como

también que, cuando pase,

los daños sean los menores posibles.

Todo es de una actualidad

ineludible.

Es más, lo sabemos,

existen muchas personas

comprometidas y que se dedican

a esto. Sin embargo, a pesar

que hay mujeres y hombres

convencidos y comprometidas

con el trabajo a hacer, falta mucho:

mayor presupuesto, mayor

cantidad de recursos humanos,

entre otras cuestiones que son

necesarias y urgentes.

Pero quiero insistir con algo

que ya mencioné en otras cartas.

Está faltando lo que puede salvar

nuestro futuro. Existe una

ley nacional en vigencia que aún

se resiste: la ley del programa de

educación sexual integral.

Esta ley señaliza el camino

de la prevención, entre otras cosas,

de la violencia. Es una ley

que ofrece pistas de acción fundamentales:

habla de dotar de

competencias para la vida a los

estudiantes, esto incluye aumentar

y/o fortalecer la autoestima,

ofrecer y optimizar las

formas de resolver los conflictos

sin violencia; de crear o perfeccionar

los mecanismos personales

para no exponerse a situaciones

de violencia o para salir

de ellas, el fomentar el desarrollo

de habilidades para el diálogo,

para el reconocimiento personal,

para la protección y para

el desarrollo integral; también

estimula la igualdad de trato

para varones y mujeres.

Esto

y mucho más.

Por ello, sigo sin entender

por qué padres y madres, que

aman a sus hijos y desean lo

mejor para su educación, no reclamamos

su implementación

total como algo urgente, imprescindible,

ineludible. Esto

no debe ser hecho porque la ley

exista, sino porque está en juego

el futuro de nuestras hijas,

de nuestros hijos y de nuestra

sociedad. La violencia contra la

mujer, es una urgencia, la resolvamos

día a día, al mismo tiempo

que hagamos que la educación

sea lo que siempre dijimos

que es: la garantía de un futuro

mejor.