Un mercado inmobiliario de muy dudosa reactivación

Por Carlos María Borges

Hace 24 horas el Banco Central informo el índice que deberá aplicarse para los contratos de locación de vivienda que se actualicen en abril conforme a la ley 27551 de junio del 2020.

Un 92,06 % es el porcentual a utilizar lo que implica un duro golpe al bolsillo de los Locatarios, que día a día ven como su salario corre muy por detrás de la inflación y veda la posibilidad de prosperar en la vida, en un país impredecible por donde se lo mire. Tampoco el Locador lleva las de ganar pues si bien al actualizar el valor locativo anual de su propiedad sabe que mes a mes y durante 12 meses la inflación fue deteriorando su ingreso y que ese 92 % no representa ciertamente la renta actual de su unidad.

Así no dudo que llegamos a la conclusión que posponer la actualización del alquiler de un inmueble durante 12 meses, perjudica a las dos partes, ocasionando a ambos un daño irreversible, por lo que colegas de todo el País expresamos que esta Ley sancionada por los representantes del pueblo es una de las más inéditas del mundo, “perjudica a las dos partes por igual”.

El daño ocasionado por la sanción de la 27551 se vio reflejado en el retiro de miles de propiedades del mercado o en su defecto el incremento del valor locativo bastante por encima de lo que el mercado le indicaba. Cuando esto ocurrió las propiedades en alquiler se trasladaron al mercado de venta, pero siempre en valor dólar, ya que no podemos desconocer que Argentina se maneja bimonetariamente, pues nuestra moneda dejo de ser una unidad de medida, medio de pago o reserva de valor y si a esto le sumamos un dólar inestable, ocurre que las propiedades deben ser retasadas permanentemente para ofrecerlas dentro de los valores que indica el mercado inmobiliario, ocasionando un retraso en su comercialización.

Lamentablemente nos encontramos en un año electoral ( casi como siempre) y los problemas del ciudadano pasan a un segundo plano para nuestros representantes y no observamos que a pesar de todas las opiniones vertidas a través de instituciones intermedias legalmente constituidas y que son la voz de miles de profesionales inmobiliarios y propietarios de PH pueda esto tratarse a la brevedad, retomando simplemente leyes anteriores que establecían dos años mínimo en los contratos de locación y una actualización que se acuerde entre las partes sin intervención del Estado.

No podemos dejar pasar sin mencionar que quien desea adquirir una vivienda tampoco puede acceder a un crédito por lo alto de los intereses y que el blanqueo para la compra de unidades usadas (cuya ley se sanciono a fines del 2022) no está dando los resultados esperados en especial por el cepo que el país aplica para el retiro de moneda extranjera (dólar), lo que torna un mercado inmobiliario de muy dudosa reactivación, salvo algunos casos puntuales relacionados a determinadas actividades (agrícolas-ganaderas)en algunas provincias de nuestro País.