Paro en el Garrahan: el Gobierno amenaza con sanciones y despidos

Ante la falta de respuesta del Ministerio de Salud, los residentes del Hospital Garrahan decidieron mantener las medidas de fuerza y rechazaron la propuesta del Gobierno de suspender el paro por 48 horas para retomar el diálogo. La reacción oficial fue inmediata: se anunció un endurecimiento en las condiciones laborales, que incluye el descuento de los días no trabajados, posibles despidos por ausencias prolongadas y la advertencia de que podría ponerse en riesgo la aprobación de sus residencias.

Este mediodía, en un acto frente al hospital, los profesionales en formación ratificaron su postura: "Seguiremos firmes", expresaron, y señalaron que la continuidad del paro se basa en la falta de propuestas concretas y en experiencias pasadas de acuerdos incumplidos. Como ejemplo, mencionaron un aumento salarial firmado el año pasado por el entonces ministro Mario Russo, que fue revocado pocas horas después.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron que, de persistir la medida de fuerza, se descontarán los días no trabajados, y que aquellos residentes que acumulen más de cinco ausencias consecutivas "serán automáticamente desafectados, como ocurre con cualquier empleado de la Administración Pública Nacional". Además, advirtieron que estas inasistencias podrían afectar la validez de su formación profesional, lo que demoraría la finalización de sus residencias, menciona Infobae. 

"El Gobierno necesita profesionales formados para potenciar al país", dijeron desde la administración libertaria. Sin embargo, no hubo anuncios concretos sobre una recomposición salarial, a pesar de que funcionarios oficiales reconocieron públicamente que los sueldos de los residentes están por debajo de lo necesario y muy por detrás de los que se pagan en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. "Se está trabajando en opciones para acercar los ingresos a los de CABA", señalaron brevemente desde la cartera sanitaria.

El Gobierno también reiteró su propuesta de crear una mesa de diálogo con reuniones quincenales y prometió que "todo ahorro generado por mayor eficiencia en el hospital se destinará al equipo de salud". Sin embargo, aclararon que parte de esos fondos también se utilizarán para ampliar la cantidad de camas, dado el rol estratégico del Garrahan como centro de referencia regional.

El conflicto escaló aún más tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien en una entrevista con el canal de streaming Neura vinculó el reclamo con la presencia de "ñoquis" en los hospitales. "¿Usted está de acuerdo con que haya empleados que no trabajan y filtran recursos? Esto lo heredamos del kirchnerismo", dijo, en línea con lo expresado previamente por su vocero, Manuel Adorni.

Desde el hospital, trabajadores y delegados sindicales rechazaron estas acusaciones. Alejandro Lipcovich, delegado de ATE y trabajador del Garrahan, respondió que "el 70% del personal es asistencial" e incluye no solo médicos, sino también enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos y técnicos en áreas críticas como esterilización. "Las cifras del Gobierno no reflejan la realidad del hospital", sostuvo.

El Ministerio de Salud, actualmente bajo la dirección de Mario Lugones, responde directamente al asesor presidencial Santiago Caputo. Sin embargo, quien ha tomado la vocería pública sobre el tema es la viceministra Cecilia Loccisano, pareja del exministro Jorge Lemus, aunque hasta ahora no ha brindado declaraciones sobre las nuevas sanciones anunciadas.

En un comunicado oficial, la cartera justificó las medidas con un mensaje ambiguo: "Es necesario fortalecer el hospital. Estamos puliendo la burocracia y queremos sacar a quienes utilizan el Garrahan con fines políticos. El médico no es el enemigo, su labor es indispensable", afirmaron, sin hacer mención a las condiciones laborales que motivaron las protestas.