Fiscal enrostró a Fincatti el haber estafado a sus clientes en más de U$S 183.000 y $ 21.000.000

Antes de caer preso en las puertas del Centro de Salud Mental El Polear, en La Banda, el operador bursátil, Luis Adolfo Fincatti, fue ubicado en Quilmes, Buenos Aires, y Rosario, Santa Fe, utilizando un celular ajeno al secuestrado y media docena de denunciantes lo acusaron ayer de esquilmarlos en U$S 183.000 y $ 21.000.000, entre el 2.023 y 2.025.

En áspera audiencia, la fiscal, Victoria Sottini, reiteró ayer que Fincatti habría estafado a 10 personas, entre médicos, abogados, contadores y otros civiles: todos, captados merced a su labor como empleado público en un organismo de Belgrano y 9 de Julio, con ganancias y comisiones, para él y para sus por entonces clientes.

Ellos son los médicos: Martín Barbero, Ernesto Daniel Bravo y Marcelo Orestes Locascio Villegas; los contadores: Carolina Tomás y Federico Orellana; el ingeniero Jaime Enrique Berdaguer; también, Sebastián Javier Rojas Anzani, Gonzalo Lastra, Laura Estela Torres. Cierra la lista de "damnificados", el abogado Javier Gómez Abram, tal cual detalló la Fiscalía al tomarle declaración de imputado a Fincatti.

¿Cómo funcionaba el negocio? El vínculo se inició en 2023 mediante una plataforma integral de inversión que permite a los usuarios operar en el mercado de capitales de Argentina y Estados Unidos desde un solo lugar y ofrecer otras opciones de inversión.

Los 11, abrieron una cuenta de inversión, "jugaron" con negocios en criptomonedas y utilizaron el simulador de inversiones con otros activos. Por 14 meses, casi todos los clientes ganaron, retiraron sus capitales, o bien los dejaron en caución (entre 15 y 30 días), una especie de garantía, y los dólares regresaban a la aplicación para la compra de bonos, títulos, etc.

La actividad cesó en enero del 2025. Fincatti habría "desaparecido" con los U$S 183.000 y $ 20.000.000. Antes, "sacó licencia en su trabajo", subrayó Sottini.

En su fundamentación, la fiscal instó a la prórroga de detención, ya que a su entender "con su obrar, al viajar a Buenos Aires y Santa Fe, intentó burlar el accionar de la Justicia...". En la misma línea, se pronunció la querella.

Plan A, B y C de la defensa

Por su parte, la defensa requirió "excarcelación, arresto domiciliario por tratarse de un paciente con dificultades en su salud mental (ya que el imputado sufriría depresión), el pase de las actuaciones al fuero civil y el cierre de la causa por inexistencia de delito".

En tal sentido, Juan José Saín y Ricardo Rubén Tévez solicitaron a la jueza de Control y Garantías, Érika Casagrande Valdueza, "... investigar también la naturaleza de las inversiones y las ganancias con Fincatti. Nuestro cliente nunca estuvo prófugo, ya que tiene doble eximición de prisión. Y antes que nada, repetimos la necesidad de pericias psiquiátricas", enfatizaron.