Se está elaborando la resolución que definirá la situación procesal de todos los acusados.
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El expediente, que tiene como principales imputados al ex presidente Alberto Fernández y a su amigo Héctor Martínez Sosa, podría arrojar novedades en las próximas semanas. Se está elaborando la resolución que definirá la situación procesal de todos los acusados: si serán procesados o sobreseídos. Esa definición llegaría antes de la feria judicial.
"Tenemos todos los recursos enfocados en este tema, pero es una causa compleja, con muchas aristas que abordar y una enorme cantidad de prueba que analizar", explicó una fuente con acceso directo al expediente.
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La investigación cambió de juez a comienzos de febrero, cuando venció la subrogancia de Julián Ercolini en el Juzgado Federal N°11. El cambio se produjo en un momento clave, ya que se habían finalizado las indagatorias y el juez se disponía a resolver la situación de los imputados. Desde entonces, el juez Sebastián Casanello decidió revisar toda la documentación reunida, solicitar nuevas pruebas y profundizar otras líneas de investigación.
Uno de los apuntados fue Daniel "El Gordo" Rodríguez, hombre de máxima confianza de Fernández, quien administró la quinta presidencial de Olivos entre 2019 y 2023. En abril, Casanello ordenó levantar su secreto fiscal y pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un informe exhaustivo de su patrimonio desde 2015. El requerimiento incluyó bienes inmuebles, vehículos, cajas de seguridad, fiscalizaciones y cualquier otro dato relevante.
Rodríguez conoció al ex presidente cuando este era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Retirado de la Policía Federal, por la rama de Bomberos, primero integró su custodia y luego pasó a ocuparse de asuntos personales, en una suerte de rol de asistente general.
Aunque vivía en la quinta de Olivos, Rodríguez utilizaba una casa ubicada sobre la calle Maestra Elizarraga al 2600, cerca del shopping Unicenter, donde gozaba de mayor privacidad. Esa vivienda fue allanada por el juez Ercolini el año pasado y se constató que estaba a nombre del broker Martínez Sosa.
Otro elemento clave en la causa fue un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), presentado en mayo. El documento, de 662 páginas, analizó la facturación de Alberto Fernández mientras se encontraba fuera de la función pública. Según la PROCELAC, entre 2010 y 2019, Fernández emitió facturas a la empresa de su amigo por supuestos servicios profesionales por un total de $4.257.000, según los valores de aquella época. La última factura tiene fecha del 6 de diciembre de 2019, apenas cuatro días antes de asumir la presidencia.
¿Por qué le facturaba? Según los abogados de ambas partes, Fernández elaboraba informes sobre coyuntura política y económica que Martínez Sosa recibía regularmente. El ex presidente tenía también otros clientes, entre ellos varias empresas y dos sindicatos, menciona el portal Infobae.
