Caso YPF: ¿Cuáles son los posibles escenarios que definirán el futuro de la empresa?

La orden de ejecución emitida el pasado 30 de junio por la jueza Loretta Preska, creó un clima de incertidumbre y tensión que promete extenderse indefinidamente. Tras el fallo, el Estado argentino recurrió a la Corte de Apelaciones de Nueva York y pidió su suspensión. El objetivo no es solo impugnar el monto de indemnización fijado (16 mil millones de dólares) y la transferencia del 51% de las acciones de YPF, sino también cuestionar la competencia de los tribunales estadounidenses y la responsabilidad adjudicada al Estado.

Por el momento, la evolución del caso depende de la eventual decisión de la Corte de suspender o no su ejecución. En caso de no hacerlo, se concretaría el peor de los escenarios y Argentina deberá efectuar el pago ordenado y la transferencia de acciones a mediados del mes, lo que pondría a YPF ante una reprivatización forzada. Sin embargo, en el gobierno consideran que el cumplimiento del pago es imposible y especulan con conseguir una prórroga hasta que finalice el proceso de apelación. Esto postergaría las definiciones por varios meses y le brindaría a la Casa Rosada la posibilidad de negociar con los fondos demandantes, representados por Buford Capital. Un escenario menos favorable sería la suspensión durante los 90 días que requiere la presentación formal de la apelación.

Si bien el Gobierno argentino ha reiterado su negativa a negociar, ciertos expertos lo consideran como la opción más beneficiosa para la credibilidad financiera del país. Los fondos se muestran dispuestos a rediscutir sus pretensiones, a la vez que solicitan embargos y presionan a la justicia estadounidense para apresurar la ejecución.

Más allá de las medidas cautelares que los tribunales impongan, la cuestión de fondo es que el Estado deberá demostrar que la expropiación de YPF de 2012 fue una decisión administrativa y soberana, ejecutada directamente por las autoridades nacionales. Lo que se busca es invalidar la tesis de la jueza Preska que sostiene que el Estado actuó como un actor comercial, que se excedió en los términos de la expropiación y que, por ende, está sujeto al derecho privado y al fuero de Nueva York.

Sin embargo, los expertos en derecho internacional ven poco probable que la Corte desestime la responsabilidad estatal y la jurisdicción vigente. Un poco más factible sería que declare la improcedencia de la transferencia de acciones sin autorización del Congreso argentino, o incluso la modificación de los montos fijados. Fuentes cercanas al gobierno sostienen que pueden quedar reducidos a unos cientos de millones. Mientras tanto, el poder legislativo trabaja en una ley que ratifique su competencia exclusiva para autorizar la transferencia de acciones. En paralelo, tanto el gobierno norteamericano como la Fiscalía de Nueva York solicitaron moderación a la jueza y le advirtieron que la resolución es violatoria de la inmunidad soberana.

En concreto, el fallo no afecta inmediatamente a la emblemática petrolera, que en el último tiempo mostró signos de recuperación. Sin embargo, la sentencia genera un clima de incertidumbre que trasciende lo jurídico y pone en tensión no solo la estabilidad económica, sino también a uno de los pilares estratégicos del país: la soberanía energética.