Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que ninguno de los condenados en la causa "Vialidad" se desapodere ni mueva dinero que pueda afectar al recupero de activos.
Fiscales pidieron medidas para la incautación de los bienes de Cristina Kirchner Fiscales pidieron medidas para la incautación de los bienes de Cristina Kirchner
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que ninguno de los condenados en la causa "Vialidad" se desapodere ni mueva dinero que pueda afectar el recupero de activos, que la semana pasada la Justicia estimó en $ 684.990.350.139,86 de pesos (537 millones de dólares).
"Las medidas de restricciones impuestas a Lázaro Báez para otorgar actos jurídicos o realizar cualquier acción que produzca efectos legales sobre su patrimonio se haga extensiva a todas las personas condenadas en esta causa", sostiene el escrito presentado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.
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El Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema envió al juez Jorge Gorini el viernes pasado, el monto final que deberán devolver Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en el caso Vialidad. La cifra de base era de 84.835.227.378 pesos, determinada como el perjuicio ocasionado por la maniobra de corrupción.
Se ocuparon los fiscales de requerir una serie de medidas sobre un poder de administración que Lázaro Báez otorgó a su novia, Claudia Insaurralde estando preso, para la administración de un conjunto de bienes.
Se detalló en el dictamen según lo informado por el oficial jefe y alcaide mayor de la Cárcel de Río Gallegos (Unidad nro. 15 del Servicio Penitenciario Federal), el 24/6/2025, "a las 9:00 h, aproximadamente, se presentó en la unidad penitenciaria la ciudadana Claudia Noemí Insaurralde, con la intención de visitar al interno Lázaro Antonio Báez".
El personal de servicio, "cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad correspondientes, advirtió que Insaurralde portaba cierta documentación referida a bienes de Báez, para que este firmara".
Concretamente, al registrar las pertenencias de la visitante, detectó la presencia de un escrito de poder otorgado por Báez a favor de Insaurralde acompañado de varios documentos relacionados a propiedades pertenecientes al interno que nos ocupa, que, según sus dichos, necesitaba que el mismo los rubrique".
Ante ese escenario, la fiscalía entiende que hay que solicitar una serie de informes atentos a que los embargos trabados impiden cualquier movimiento y/o decisión que Lázaro Báez pueda tomar sobre su patrimonio.
De igual manera, se requirió que esa medida precautoria se adopte sobre los bienes de Cristina Kirchner: 26 inmuebles, dos vehículos, el paquete accionario de las tres compañías familiares (Hotesur, Los Sauces y COMA SA), como también el dinero que pueda poseer en instituciones bancarias.
Por este motivo se solicitó ante el Tribunal que ejecuta la pena del caso Vialidad, que se mantengan los embargos trabados en este expediente, como así también las inhibiciones generales de bienes que impide cualquier compra-venta de propiedades, o movimientos de los dineros depositados.
