La incógnita es si Weretilneck y Figueroa se sumarán, o si mantendrán distancia en un tema que podría golpear directamente en la caja de sus provincias.
Gobernadores van contra los Eskenazi y los Petersen por YPF Gobernadores van contra los Eskenazi y los Petersen por YPF
La pulseada judicial por YPF en los tribunales de Estados Unidos sumó un nuevo capítulo con la decisión de tres gobernadores de provincias accionistas de la petrolera estatal de impulsar una ofensiva penal contra la familia Eskenazi, cuyo ingreso a la compañía a fines de 2007 dio origen al millonario pleito que hoy amenaza con comprometer las reservas del país.
Los mandatarios de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Chubut, Ignacio Torres; y de Santa Cruz, Claudio Vidal, trabajan en una estrategia conjunta para presentarse ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El objetivo: promover una investigación sobre las condiciones de la compra de acciones por parte del Grupo Petersen, operación que, aseguran, habría escondido maniobras de carácter fraudulento.
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El paso no es menor. Hasta ahora, la defensa de la Argentina frente al fallo que ordena pagar cerca de US$16.000 millones al fondo Burford Capital se limitó al terreno civil y comercial. Los gobernadores, en cambio, apuestan a llevar el caso al terreno penal norteamericano, donde una causa abierta podría suspender el proceso civil que instruye la jueza Loretta Preska.
Estrategia
Los tres gobernadores se apoyan en el hecho de que sus distritos poseen acciones clase B de YPF, una participación minoritaria que deriva de la ley de expropiación de 2012. Aunque esa porción no les otorga control sobre la empresa, les confiere la condición de socios. Desde ese lugar, buscan intervenir en defensa de sus intereses y, por extensión, de los recursos provinciales que podrían verse afectados por la sentencia.
La embestida apunta a demostrar que el ingreso del Grupo Petersen –financiado con los dividendos de la propia compañía y con el aval político de la Casa Rosada– fue irregular y abrió el camino al litigio internacional. Si se comprobara la existencia de un delito en aquella operación, argumentan, caería el andamiaje legal que sostiene la demanda de Burford Capital.
