El Gobierno enviará al Congreso su proyecto de reforma integral del Código Penal, con un fuerte endurecimiento de penas

El Gobierno presentará en el Congreso Nacional una profunda reforma del Código Penal que propone elevar las condenas para homicidio, robo, narcotráfico, trata de personas, delitos sexuales contra menores, pornografía infantil y también para los siniestros viales ocasionados por conducción imprudente.

Durante el anuncio, la ahora ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo: "El que la hace, la paga", y destacó que los delitos gravísimos —como el abuso de menores— serán imprescriptibles. Según precisó, el 82% de los delitos incluirán penas de prisión efectiva.

El Ministerio de Justicia explicó que el nuevo Código elevará los mínimos de las condenas, de manera que quienes reciban penas inferiores a tres años ya no puedan evitar la cárcel. Además, se establece la imprescriptibilidad del abuso sexual y del homicidio agravado, bajo el argumento de que "no puede haber castigos condicionados por el paso del tiempo".

Otro de los puntos centrales es que la prisión perpetua será realmente de por vida para casos de homicidio agravado. Bullrich subrayó también que los delitos de corrupción tendrán penas "graves y gravísimas", ya que —según afirmó— "si un funcionario roba, debe pagar fuerte".

La ex funcionaria celebró que la iniciativa marque un quiebre con "la doctrina Zaffaroni" y afirmó que busca terminar con "la puerta giratoria". Como ejemplo, mencionó que el homicidio simple, cuya pena máxima hoy es de 25 años, pasará a tener un tope de 30 años.

El proyecto constituye la primera actualización integral del régimen punitivo en más de un siglo, desde la sanción del Código de 1921, e incorpora nuevos delitos, agravantes y una baja en la edad de imputabilidad.

Los principales cambios previstos en el nuevo Código Penal

Violencia en espectáculos deportivos y masivos: Se crean figuras específicas para sancionar con mayor dureza peleas, agresiones o disturbios en estadios y eventos públicos, tanto para quienes participen como para quienes organicen o encubran estos hechos.

Narcotráfico: Se amplían las herramientas para perseguir la producción, tenencia, comercialización y tráfico internacional de estupefacientes, con agravantes para funcionarios involucrados y casos que afecten a menores.

Decomiso y extinción de dominio: Se establecen procedimientos más estrictos para que los condenados pierdan bienes obtenidos ilícitamente y para impedir maniobras de ocultamiento.

Protección de bienes culturales: Se penaliza el tráfico, destrucción y ocultamiento de bienes arqueológicos, históricos o artísticos.

Compra y venta de niños: Se refuerzan las penas contra la entrega ilegal de niños para explotación o adopción irregular, con responsabilidad para intermediarios y beneficiarios.

Delitos contra la familia: Se actualizan las figuras de violencia intrafamiliar, abandono y otros atentados contra los integrantes más vulnerables del núcleo familiar.

Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos de alcohol o drogas, carreras clandestinas y siniestros fatales tendrán penas superiores y nuevos agravantes.

Delitos ambientales: Se incorporan figuras como el ecocidio, con castigos agravados por daños masivos a ecosistemas, áreas protegidas o la salud pública.

Agravantes por víctimas vulnerables: Se endurecen las penas cuando las víctimas son menores, adultos mayores, personas con discapacidad o colectivos en especial situación de vulnerabilidad.

Imprescriptibilidad: Se declara imprescriptible una amplia lista de delitos graves: homicidios, abuso sexual, grooming, trata, pornografía infantil, terrorismo, narcotráfico y corrupción de menores, entre otros.

Interrupción Voluntaria del Embarazo: Se mantiene sin modificaciones la Ley 27.610, garantizando el acceso al aborto legal hasta la semana 14.

Violencia de género: Se actualizan y agravan delitos vinculados a violencia doméstica, sexual y digital, incorporando ciberacoso y difusión no consentida de material íntimo.

Nuevos delitos incorporados al Código

Cibercrimen: Se tipifican el fraude informático, el acceso indebido a sistemas, la usurpación de identidad, grooming y la "pornovenganza".

Motochorros: Se define específicamente el robo mediante motovehículos, con agravantes por el riesgo extremo que implica esta modalidad.

Criminalidad ambiental: Se suman tipos penales como ecocidio y contaminación agravada.

Delitos de corrupción: Se endurecen las escalas penales de cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles.

Lavado de activos: Se fortalecen los mecanismos para impedir el blanqueo y recuperar bienes ilícitos.

Terrorismo y su financiamiento: Se actualiza la normativa según estándares internacionales, incorporando ataques a infraestructuras críticas y el congelamiento preventivo de activos.

Crimen organizado transnacional: Se amplían las herramientas legales para perseguir redes de trata, tráfico de armas, contrabando y delitos con estructura internacional.

Delitos económicos y fiscales: Se penalizan maniobras que afecten la estabilidad monetaria, la evasión organizada y la intermediación financiera no autorizada.

Protección del orden electoral: Se sistematizan delitos para preservar la transparencia de los comicios e incorporan conductas digitales como manipulación algorítmica, desinformación y creación de perfiles falsos para influir en el voto, detalla el portal de Infobae.