Por Diego N. Fraga.
El bar que perdió plata y aun así tiene que pagar ganancias El bar que perdió plata y aun así tiene que pagar ganancias
Imaginemos a Marcelo. A sus 40 años decide largarse con un pequeño bar de barrio. No tiene ahorros, así que pide un préstamo de $100 millones para alquilar el local, equiparlo, comprar mercadería y contratar a dos empleados.
Primer año. La economía está en recesión y la inflación vuela al 100% anual. La gente sale menos, los costos suben todo el tiempo y Marcelo no llega a cubrir sus gastos.
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Los números, simplificados, son estos:
Préstamo inicial: $100 millones
Ventas del año: $20 millones
Costos (alquiler, sueldos, insumos, servicios): $100 millones
Resultado económico real: perdió $80 millones.
Marcelo cerró el año con una pérdida enorme, está endeudado y encima necesita seguir pidiendo plata para no bajar la persiana. Hasta acá, la historia es triste pero lógica: se arriesgó, invirtió, el contexto lo golpeó y perdió.
La parte absurda empieza cuando entra en escena el impuesto a las Ganancias.
De la pérdida real a la "ganancia" ficticia
En el mundo real, Marcelo perdió $80 millones. Pero en el mundo fiscal ocurre otra cosa.
Como hubo 100% de inflación, el préstamo de $100 millones que tomó al inicio del año pierde la mitad de su valor real. A los ojos del impuesto, eso se traduce en un "ajuste por inflación" positivo: es como si Marcelo hubiera tenido una ganancia porque la deuda "se licuó".
Supongamos (simplificando mucho) que ese ajuste por inflación sobre la deuda genera una ganancia impositiva de $100 millones.
Pérdida operativa: –$80 millones
"Ganancia" por ajuste de la deuda: +$100 millones
Resultado impositivo: +$20 millones
En la vida real, Marcelo está hundido.
En los papeles del fisco, tiene una ganancia de $20 millones.
Si aplicamos una alícuota del 35%, Marcelo debería pagar:
Impuesto a las Ganancias: $7 millones
Es decir, el Estado le reclama impuesto como si hubiera ganado dinero, cuando en realidad perdió $80 millones y está con el agua al cuello. Tiene que endeudarse todavía más… para poder pagar un impuesto sobre una ganancia que nunca existió.
Este ejemplo es una mera caricatura, pero refleja bastante bien lo que está pasando hoy con muchísimas empresas endeudadas en la Argentina.
El impuesto al endeudamiento (y al capital)
El corazón del problema es doble:
El Estado ajusta por inflación las deudas: reconoce que la inflación licua el pasivo y lo convierte en una "ganancia" imponible.
Pero no permite actualizar por inflación las pérdidas acumuladas (quebrantos): esa gran pérdida de Marcelo de $80 millones queda congelada en pesos viejos.
Si Marcelo tiene la suerte de que el segundo año le vaya algo mejor, esa pérdida va a valer cada vez menos en términos reales. En medio de una inflación alta, el quebranto se evapora con el tiempo. En cambio, el ajuste por inflación de la deuda sí se cobra como si fuera una ganancia genuina.
Traducido:
No se reconoce el verdadero valor de las pérdidas.
Se castiga el endeudamiento que financió la inversión.
Y se termina cobrando impuesto sobre rentas totalmente ficticias.
Es, en los hechos, una especie de impuesto al endeudamiento y al capital de quienes se jugaron por producir.
Las empresas que se animaron a decir "esto no es justo"
Frente a esta distorsión, muchas empresas grandes –sobre todo en sectores que se endeudan fuerte para invertir, como energía o infraestructura– hicieron algo parecido a lo que haría Marcelo si pudiera pagar un buen abogado: aplicaron un paliativo.
¿Qué hicieron? Se basaron en una interpretación que se apoya en la Constitución y en la propia jurisprudencia de la Corte Suprema: actualizaron sus quebrantos por inflación para que las pérdidas acumuladas no se licuaran.
No escondieron ingresos, no llevaron doble contabilidad, no inventaron gastos.
Presentaron sus declaraciones juradas, pero consignando sus pérdidas a valores actualizados, de manera que el impuesto reflejara mejor su capacidad contributiva real. Y hasta le informaron a ARCA cómo estaban procediendo, para que no se crea que ocultaban algo.
Desde el punto de vista jurídico, se trata de una discusión técnica legítima: hay argumentos para sostener que la ley vigente permite –o incluso exige– evitar resultados confiscatorios. Pero desde el punto de vista de la recaudación, hay cientos de miles de millones de pesos en juego.
Del debate técnico a la amenaza penal
Ahí entra en escena el organismo recaudador. En vez de encarar el tema como una controversia jurídica compleja, empezó a intimar a esas empresas para que "corrijan" sus declaraciones y entren a un plan de pagos especial.
El mensaje es, más o menos, este:
"Usted actualizó sus quebrantos, nosotros decimos que no puede. Si quiere evitar multas y problemas mayores, rectifique todo, acepte nuestro criterio y financie la diferencia de impuesto".
El punto más delicado es que, detrás de esa invitación, asoma la sombra de las sanciones más duras. En algunos casos se invocan normas que prevén multas de entre 2 y 6 veces el impuesto considerado mal ingresado, e incluso se deja abierta la puerta a denuncias penales.
Dicho sin eufemismos: se está insinuando que directores y ejecutivos que aplicaron una interpretación razonable del sistema, y que declararon todo a la luz del día, podrían ser tratados como si hubieran montado una maniobra de evasión.
No por ocultar ingresos.
No por falsear balances.
Sino por no aceptar sin chistar un criterio fiscal que los obliga a pagar impuesto sobre ganancias infladas por la propia inflación.
El riesgo de un mensaje devastador
El caso de Marcelo y su bar es solo un cuento. Pero para muchas empresas reales, la cuenta es parecida: inversiones grandes, deudas en contextos inflacionarios, números rojos… y, aun así, reclamos de impuesto a las Ganancias como si hubieran tenido rentas extraordinarias.
El mensaje que se envía al sector privado es devastador:
Si invertís y te endeudás, podés perder plata y aun así deber Ganancias.
Si intentás defenderte con una interpretación fundada en la Constitución y en la Corte, te exponés a multas descomunales y a la amenaza penal.
En un país que dice querer atraer inversiones y dar seguridad jurídica, tratar como sospechosos a quienes invierten y pierden es una contradicción peligrosa. No se trata de un tecnicismo de contadores: se trata de si el Estado va a respetar o no el límite básico que la Constitución –la de Alberdi– le impone a cualquier tributo razonable.
Corregir este rumbo no exige grandes discursos: exige dejar de cobrar impuestos sobre ganancias que no existen y despejar, de una vez, la idea de que defender el propio patrimonio ante el fisco pueda convertirse en una conducta sospechosa. Porque, si invertir, endeudarse y perder termina siendo más riesgoso que evadir, el problema ya no es la inflación: es el propio sistema tributario.
Fuente: Infobae.
