El nuevo ministro de Defensa prepara una auditoría y una profunda reforma en la obra social militar

A días de asumir formalmente, el designado ministro de Defensa, Carlos Presti, ya comenzó a mover piezas clave dentro del futuro Gabinete. Aunque aún no tomó posesión del cargo, logró imponer a sus candidatos en la cúpula de las Fuerzas Armadas y ahora se enfoca en uno de los mayores desafíos que enfrentará desde el 10 de diciembre: la crítica situación del IOSFA, la obra social de los militares y la tercera más grande del Estado.

Presti, teniente general y actual jefe del Ejército, tiene decidido solicitar en los próximos días su pase a disponibilidad, lo que le permitirá mantener su rango durante al menos seis meses, el plazo máximo que autoriza la normativa vigente. De esta manera conservará su jerarquía militar mientras asume la cartera que dejará Luis Petri.

Esa condición también le permitirá nombrar formalmente a su sucesor, el general de división Oscar Zarich, quien quedará al frente del Ejército. Zarich, actual comandante de Adiestramiento y Alistamiento, pertenece a la misma promoción que Presti —la 118, egresada en 1987— y es considerado un hombre de su máxima confianza.

A lo largo de su carrera tuvo roles destacados: integró el primer contingente argentino de Naciones Unidas en Croacia en 1992, fue jefe de la Base Antártica San Martín y pasó por unidades de Chubut y Formosa. En su entorno señalan que vive este ascenso como un compromiso personal: "Lo tomo como un desafío mayor, no puedo defraudarlo tratándose de él", habría expresado.

Otra nominación que permitió calmar aguas internas fue la del vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, elegido para encabezar el Estado Mayor Conjunto. La designación recayó en un oficial de la Armada, un reclamo que esta fuerza venía sosteniendo desde hacía tiempo.

Pero el foco principal del futuro ministro será el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), sumido en problemas para garantizar sus prestaciones. En esa línea, Presti ya anticipa una de sus primeras medidas: una auditoría integral del organismo y una reestructuración profunda.

El plan contempla dividir la obra social en dos entidades: una que atienda exclusivamente a las fuerzas de seguridad —bajo la órbita del Ministerio de Seguridad— y otra destinada al personal de Defensa. El objetivo es ordenar la administración, mejorar la cobertura y dar respuesta a los reiterados reclamos de los afiliados que hoy padecen demoras, falta de turnos y dificultades para acceder a tratamientos.