Preocupación en el sector textil por el fuerte salto en la importación de ropa usada

La llegada masiva de ropa usada a la Argentina encendió alarmas en toda la cadena textil. Tras la eliminación de la normativa que durante casi 30 años limitó el ingreso de indumentaria de segunda mano, las importaciones se dispararon a niveles inéditos. Entre enero y abril de 2025 entraron al país casi 200 camiones cargados con prendas usadas, y solo en octubre las compras sumaron 1.067 toneladas. En lo que va del año, el total asciende a 3.521 toneladas, según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), lo que representa el 11% del total de importaciones de ropa.

El impacto no tardó en sentirse. Las prendas de segunda mano ingresan a un valor promedio de 1,2 dólares por kilo, muy por debajo de los 18,4 dólares por kilo que cuesta la indumentaria nueva importada. Para empresarios y comerciantes locales, esta brecha genera una competencia imposible de afrontar, profundizada por el reciente cierre de firmas históricas como TN & Platex.

La mayor parte de la ropa usada llega desde Chile —cuarto importador mundial de este tipo de indumentaria— y cruza la frontera por la Aduana de Jujuy: el 84% del total ingresa por ese punto, para luego abastecer principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires. El circuito refleja lo que ocurre en el país vecino, donde cerca del 40% del stock de ropa usada termina desechado en el desierto de Atacama, generando un grave problema ambiental.

Preocupación por el impacto económico, sanitario y ambiental

Cámaras comerciales y representantes del sector advierten que el ingreso masivo de estas prendas está golpeando de lleno a la industria nacional: caída en las ventas, cierre de comercios y mayor informalidad. También alertan sobre la falta de controles sanitarios, que podría habilitar la entrada de material sin garantías de higiene.

Durante décadas, la normativa argentina prohibió el comercio de ropa usada con el objetivo de proteger la salud pública, el medio ambiente y la producción local. El decreto que la regulaba —vigente desde 1999 y prorrogado hasta fines de 2022— nunca fue reemplazado por un nuevo marco legal, lo que dejó la puerta abierta a la expansión del negocio.

La liberalización del mercado permitió el surgimiento de un entramado logístico aceitado: transportistas, operadores portuarios y agentes aduaneros montaron un circuito que agiliza el traslado de grandes volúmenes de prendas, muchas veces provenientes de donaciones internacionales y comercializadas por intermediarios a bajo costo.

Cambios en el consumo y presión sobre los residuos

La avalancha de ropa usada también está modificando hábitos de consumo. En un contexto de pérdida de poder adquisitivo e inflación persistente, los sectores populares y medios buscan alternativas más económicas, lo que impulsó el crecimiento de ferias barriales y comercios informales.

Ambientalistas advierten que la situación podría derivar en un problema serio de residuos textiles. Muchas de estas prendas contienen fibras sintéticas y químicos difíciles de reciclar, lo que incrementa la presión sobre los sistemas de tratamiento urbanos. Temen que la experiencia del desierto de Atacama —convertido en un vertedero internacional de indumentaria— pueda repetirse en el país si no se aplican controles.

Reclamos por un nuevo marco regulatorio

El sector textil reclama la reinstauración de medidas sanitarias, ambientales y comerciales que ordenen la actividad, protejan el empleo y garanticen trazabilidad. Gobiernos provinciales, sindicatos y organizaciones ambientalistas también piden controles más estrictos en fronteras y mayor transparencia para evitar abusos.

Con un escenario aún incierto, la explosión de las importaciones de ropa usada reconfigura el mercado argentino y abre un debate urgente sobre su impacto social, económico y ambiental.