Tras denunciar demoras y maniobras dilatorias, los beneficiarios del fallo por la expropiación solicitaron un cronograma para avanzar con un posible desacato, multas económicas y medidas que podrían habilitar embargos contra el Estado.
Caso YPF: los demandantes presionan a la jueza Preska para que sancione a la Argentina Caso YPF: los demandantes presionan a la jueza Preska para que sancione a la Argentina
Los demandantes que obtuvieron un fallo favorable contra la Argentina por la expropiación de YPF anticiparon que solicitarán a la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, que avance con sanciones contra el Estado nacional por las demoras en el cumplimiento de las órdenes judiciales. En concreto, pedirán que se establezca un calendario para tratar una eventual declaración de desacato y la aplicación de multas económicas.
El planteo fue presentado este miércoles y se enmarca en la estrategia que siguen Petersen y Eton Park —respaldados financieramente por el fondo Burford— desde que lograron una sentencia por unos US$16.000 millones y el Gobierno argentino resolvió apelar el fallo.
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Según sostuvieron ante el tribunal, la Argentina incurre en "maniobras dilatorias" al no entregar en tiempo y forma chats, mensajes y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios, documentación que consideran clave para avanzar en la ejecución de la sentencia.
Los beneficiarios del fallo ya habían advertido en presentaciones anteriores que estaban dispuestos a profundizar sus reclamos y avanzar con un pedido de desacato, lo que podría derivar en sanciones más severas. Incluso, el abogado de los demandantes había anticipado en audiencia que, de persistir la negativa del país, solicitarían multas monetarias y otras medidas, como presunciones adversas.
Ese escenario comenzó a materializarse esta semana con un pedido concreto para que la jueza Preska establezca un cronograma procesal que permita sustanciar el desacato y definir eventuales penalidades.
El objetivo de fondo de los demandantes sigue siendo demostrar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como "alter ego" del Estado argentino, lo que podría abrir la puerta a posibles embargos. Para sustentar esa hipótesis, reclaman el acceso a comunicaciones privadas de funcionarios, que —según argumentan— evidenciarían la forma en que se toman y transmiten decisiones entre el Gobierno y esas entidades.
En escritos anteriores, los demandantes mencionaron a funcionarios como Sergio Massa, Luis Caputo y Pablo Quirno, a quienes acusaron de no haber entregado sus mensajes. También señalaron que otros funcionarios rechazaron el pedido o directamente no respondieron a las solicitudes canalizadas por el propio Estado argentino.
La tensión escaló luego de que, pese a una orden expresa de Preska para acelerar el proceso, los demandantes afirmaran que la información continuaba llegando de manera fragmentada. En ese contexto, reiteraron su advertencia de avanzar con pedidos de sanciones económicas u otras medidas coercitivas.
La presentación más reciente incorpora un elemento clave: un calendario concreto. En la carta enviada al tribunal, los demandantes propusieron que su moción por desacato se presente el 15 de enero, que la Argentina responda el 19 de febrero y que la réplica final se produzca el 5 de marzo. El Gobierno argentino dio su conformidad con ese esquema.
Además, volvieron a solicitar que la jueza reserve fecha para una audiencia probatoria, donde —según explicaron— podrían discutirse las razones por las cuales el país sostiene que no tiene acceso a las llamadas "off-channel communications", es decir, comunicaciones realizadas fuera de los canales oficiales. La defensa argentina, en cambio, dejó asentada su oposición a una audiencia de ese tipo por considerarla prematura e indefinida.
Desde la Procuración del Tesoro insisten en que los dispositivos electrónicos son de uso personal y que su entrega depende de la voluntad de cada funcionario. En presentaciones previas, el Estado remarcó que hubo colaboraciones parciales y detalló quiénes aún no confirmaron su participación.
Preska ya fijó audiencias para el 10 y el 29 de enero, en las que se evaluarán los próximos pasos del proceso. En paralelo, la Corte de Apelaciones continúa analizando el recurso presentado por la Argentina contra el fallo de fondo por la expropiación de YPF, detalla el portal de Todo Noticias.
