La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dejó un mensaje en su cuenta de X: "Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que devolvió el orden".
El Gobierno confirmó que apelará el fallo que anuló el protocolo antipiquetes El Gobierno confirmó que apelará el fallo que anuló el protocolo antipiquetes
El Gobierno nacional anunció que apelará la decisión judicial que declaró la nulidad del protocolo antipiquetes, luego de que el juez federal Martín Cormick hiciera lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El fallo dejó sin efecto la Resolución 943/23, que había sido diseñada e implementada durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.
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Tras conocerse la resolución judicial, la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó duramente la decisión a través de un mensaje publicado en la red social X. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", escribió.
"Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", expresó la funcionaria, y aseguró que el Gobierno no dará marcha atrás. "Este protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo porque es la herramienta que devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz", agregó.
En la misma línea, desde la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación ratificaron que la decisión será apelada y remarcaron: "Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El protocolo es legítimo y se cumple".
En su resolución, el juez Cormick sostuvo que la medida carece de validez legal. "Se conforma de manera manifiesta la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y, en consecuencia, corresponde declarar su nulidad por no cumplir con los requisitos exigidos para ser considerada un acto administrativo válido", señaló.
Además, el magistrado indicó que las personas que se consideren afectadas por la aplicación del protocolo podrán realizar denuncias individuales ante la Justicia Penal contra los efectivos que hayan actuado en ese marco.
Desde el CELS, impulsor del amparo, celebraron el fallo y afirmaron que la sentencia "pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer" y que "no puede restringir derechos constitucionales".
Según el organismo, el juez consideró que, bajo el argumento de ordenar el tránsito y dar instrucciones a las fuerzas de seguridad, la resolución se excedía al punto de modificar leyes penales, procesales y orgánicas de la policía, facultades que corresponden al Congreso.
"El Ministerio de Seguridad legisló mediante una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y del Poder Judicial", sostuvieron.
Antecedentes y repercusiones
La última aplicación del protocolo antipiquetes se registró a mediados de diciembre, durante la marcha de la CGT contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, ya con Monteoliva al frente de la cartera de Seguridad.
Una de las causas judiciales aún en trámite está vinculada a los incidentes ocurridos durante la movilización del 12 de marzo, cuando el reportero gráfico Pablo Grillo resultó herido tras recibir el impacto de un tubo de gas lacrimógeno en las inmediaciones del Congreso.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, también se expresó sobre el fallo y sostuvo que "una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución". Además, calificó la decisión judicial como "un avance contra la represión" y afirmó que "comienzan a restablecerse las garantías constitucionales".
Aguiar agregó que, de haberse actuado antes, "se hubieran evitado más de 1.400 heridos en las manifestaciones", y concluyó: "Ya era hora de que la Justicia dejara de mirar para otro lado ante semejante afectación de derechos fundamentales".
