El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero lo sentenció a tres años de prisión condicional y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa expuso desvíos de fondos nacionales destinados a obras y reavivó el impacto político sobre el espacio Despierta Santiago.
Condenan al exintendente Emilio Rached por malversación de fondos públicos en Pinto Condenan al exintendente Emilio Rached por malversación de fondos públicos en Pinto
El exintendente de la ciudad de Pinto, Emilio Rached, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, tras ser hallado culpable de los delitos de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, luego de un juicio que se extendió durante varios meses.
El debate oral, determinó que Rached desvió fondos que habían sido asignados para la ejecución de obras públicas en la ciudad, recursos que tenían como objetivo mejorar la infraestructura básica y fortalecer el desarrollo comunitario en distintos barrios de Pinto. El dinero provenía de partidas enviadas por la Secretaría de Infraestructura Urbana del entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
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Durante el proceso, la fiscalía sostuvo que el exjefe comunal aprovechó su posición como máxima autoridad municipal para disponer irregularmente de los fondos públicos, por lo que había solicitado una pena mayor: cuatro años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. Si bien el tribunal impuso una condena menor en cuanto al tiempo de prisión, mantuvo la sanción política más severa, al impedirle de por vida volver a ocupar cargos.
Asimismo, la Justicia determinó el decomiso "de los efectos del delito por el daño causado al Estado Nacional y a la Municipalidad de Pinto de la Provincia de Santiago del Estero y condenar a Rached al pago de $5.143.590.
La sentencia marca un nuevo capítulo en una causa que puso bajo la lupa el manejo de fondos públicos destinados a políticas sociales y de infraestructura, y que vuelve a instalar el debate sobre la responsabilidad penal y política de los funcionarios en el uso de recursos del Estado.
