Juicio por YPF: el Gobierno denunció hostigamiento por parte de los beneficiarios del fallo

La Argentina enfrenta diversos litigios en tribunales internacionales, pero el juicio que se tramita en Estados Unidos por la expropiación de YPF es el de mayor impacto económico. El país carga con una condena de primera instancia por US$16.000 millones, actualmente apelada.

Mientras espera una resolución favorable en la segunda instancia —que podría dejar sin efecto cualquier intento de ejecución del fallo original— el Gobierno argentino acusó a los demandantes de llevar adelante una estrategia de hostigamiento contra el Estado.

El planteo surge en el marco del proceso de discovery, mediante el cual los beneficiarios del fallo, los fondos Eton Park y Petersen, exigen que la Argentina entregue correos electrónicos y mensajes privados de funcionarios y exfuncionarios. Según advirtieron, si no acceden a esa información podrían solicitar sanciones, e incluso que el país sea declarado en desacato.

Desde el Ejecutivo respondieron ante la jueza Loretta Preska que se trata de comunicaciones personales y privadas, por lo que su entrega requiere el consentimiento expreso de las personas involucradas. En ese sentido, fuentes oficiales calificaron la orden de discovery como "un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano y sus funcionarios", contrario al derecho internacional y a las normas básicas que rigen las relaciones entre países.

Este miércoles, la Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa argentina, aclaró que el país no se encuentra en desacato y aseguró que "la República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes". Explicaron que, al haber apelado el fallo sin depositar las garantías exigidas, los demandantes continúan intentando cobrar mientras se tramita la apelación.

En paralelo, los fondos litigantes —financiados por Burford Capital— buscan avanzar por otras vías. Entre ellas, intentan demostrar que entidades como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como "alter ego" del Estado argentino, con el objetivo de habilitar eventuales embargos sobre sus activos.

Desde la Procuración remarcaron que la Argentina apeló formalmente la orden de Preska para entregar comunicaciones privadas, al considerarla ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como el estadounidense. Además, señalaron que "se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada" y que se trabaja activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios alcanzados por el pedido.

Según menciona el portal TN, en el Gobierno interpretan que el avance del discovery responde a una estrategia para desviar la atención del delicado momento que atraviesa el litigio, y lo vinculan con la fuerte caída que registraron este año las acciones de Burford Capital.

Las fechas clave del juicio en 2026

En la apelación principal ante la Cámara no hay aún una fecha definida para el fallo. Algunas estimaciones indican que podría conocerse en los primeros meses del próximo año, aunque Burford no descarta que se extienda hasta 2027.

Respecto del proceso de discovery para determinar posibles "alter ego" del Estado argentino, la jueza Preska aceptó el cronograma propuesto por los demandantes:

-15 de enero: presentación de argumentos por parte de los beneficiarios del fallo.

-19 de febrero: respuesta de la Argentina.

-5 de marzo: réplica de los demandantes.

-23 y 24 de marzo de 2026: audiencia probatoria.