El Gobierno modificará por DNU la ley de Inteligencia y ampliará las facultades de la SIDE

El Gobierno nacional publicará en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para reformar la ley de Inteligencia, una medida que ampliará las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), la cual pasará a concentrar el control del sistema de espionaje nacional y tendrá mayores facultades operativas, incluida la posibilidad de aprehender personas en casos de orden judicial o flagrancia.

El decreto, firmado el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y la totalidad del gabinete, reordena de manera integral el área de Inteligencia. La norma redefine funciones, crea nuevos organismos, disuelve otros y unifica tareas con el objetivo de optimizar el intercambio de información estratégica entre dependencias del Estado.

Entre los principales cambios, el DNU incorpora definiciones que no estaban explícitas en la legislación vigente, como el carácter reservado de las actividades de inteligencia. "Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional", establece el artículo 2° bis del texto.

El decreto también precisa el alcance de las tareas de contrainteligencia. En ese marco, se incluyen acciones destinadas a prevenir infiltraciones, fugas de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotajes y cualquier tipo de injerencia externa que afecte el proceso de toma de decisiones del Estado o los intereses estratégicos nacionales.

En cuanto a la estructura organizativa, la SIDE continuará como organismo central, aunque con una reorganización interna. La Agencia de Seguridad Nacional pasará a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), con foco en el ámbito digital; y la División de Asuntos Internos será sustituida por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).

La norma amplía además las atribuciones de la SIDE, que quedará a cargo de la planificación del esfuerzo estatal en la obtención y análisis de información estratégica, la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional y la articulación con organismos nacionales e internacionales del sector. También se establece que podrá requerir información a cualquier organismo del sector público y coordinar acciones con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre sus nuevas funciones, se destacan tareas vinculadas a la lucha contra el terrorismo, el análisis geoespacial y la gestión criptográfica del Estado.

Uno de los puntos centrales del decreto es la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Su misión será planificar, ejecutar y supervisar políticas de ciberseguridad para proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos y los sistemas tecnológicos de servicios públicos esenciales.

Para su implementación, se transferirán bienes, patrimonio y personal que hasta ahora cumplían funciones de ciberseguridad en la ex Agencia Federal de Ciberseguridad.

El DNU también establece dos ámbitos de coordinación interinstitucional. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por los organismos de inteligencia y áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto bajo la conducción de la SIDE. Por otro, la Comunidad Informativa Nacional, que agrupará a organismos con capacidad de generar datos relevantes para el análisis estratégico, como ministerios, Migraciones, Aduanas y entes vinculados al sector nuclear.

La norma señala que será la SIDE la encargada de definir la organización, el funcionamiento y los procedimientos técnicos mediante los cuales ambas comunidades deberán suministrar información.

El decreto dedica además un apartado a la protección de instalaciones, bienes y personal del sistema de inteligencia, habilitando a los organismos a contar con sus propios mecanismos de seguridad y a repeler agresiones que los afecten.

En el artículo 19, se establece que el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas "en el marco de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia", debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad correspondientes.

Por último, la norma contempla la reasignación del personal de los organismos que serán disueltos o modificados y detalla el esquema de continuidad funcional de las estructuras existentes durante el proceso de reorganización, menciona el portal Infobae.