ADPRA rechazó la reforma de inteligencia impulsada por el Gobierno

La Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), en un pronunciamiento -que suscribe el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Daniel Escobar Correa-, manifiesta su profunda preocupación institucional ante la reforma del sistema de inteligencia dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 941/2025, publicado el 2 de enero de 2026, que introduce modificaciones sustanciales a la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520.

Desde la Asociación se advierte que la regulación de los organismos de inteligencia, y en particular la definición de sus facultades operativas, involucra de manera directa derechos fundamentales como la libertad personal, la intimidad, la participación política y el debido proceso. 

En ese marco, el uso de un DNU para reformar estructuralmente este régimen, sin acreditarse una situación de emergencia que lo justifique, restringe los ámbitos de deliberación democrática y limita la intervención previa del Congreso de la Nación, debilitando los mecanismos de control propios del sistema republicano.

Uno de los aspectos más sensibles de la norma es la habilitación para que agentes del sistema de inteligencia puedan proceder a la aprehensión de personas bajo supuestos amplios, lo que introduce una confusión funcional entre las tareas propias de las fuerzas de seguridad y las del sistema de inteligencia, concebido históricamente como un ámbito de producción y análisis de información estratégica, y no como un actor con potestades coercitivas directas.

ADPRA también observa con preocupación la incorporación de categorías amplias y poco precisas vinculadas a la seguridad nacional y al orden institucional, que, combinadas con facultades reforzadas y un marcado incremento del secreto, podrían habilitar prácticas de espionaje interno y persecución política, contrariando los objetivos de la ley vigente y afectando seriamente los derechos fundamentales.

Asimismo, el Decreto crea un organismo con amplias competencias sobre el ciberespacio y dispone la obligación de compartir información sensible entre dependencias estatales, sin establecer estándares claros de utilización ni mecanismos de supervisión independiente, lo que configura un riesgo significativo para la privacidad y la protección de los datos personales de la población.

La Asociación subraya que la ampliación de facultades no ha sido acompañada por un fortalecimiento equivalente de los mecanismos de control externo. Las limitaciones estructurales de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia se ven agravadas frente a un escenario de mayor concentración de poder y menor transparencia.

Desde la perspectiva de las Defensorías del Pueblo, esta asimetría entre poder conferido y control efectivo representa un serio déficit democrático, especialmente a la luz de los antecedentes históricos de uso abusivo de estructuras de inteligencia en nuestro país. La recuperación democrática implicó un consenso básico en torno a la subordinación del sistema de inteligencia al control civil, legislativo y judicial, principio que las reformas introducidas ponen en tensión.

Por todo lo expuesto, ADPRA considera que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 941/2025 presenta objetivas incompatibilidades con el orden constitucional y convencional vigente. En ese sentido:

Sostiene que las modificaciones amplían de manera irrazonable las funciones del sistema de inteligencia, habilitando prácticas que afectan la libertad personal, la intimidad, el debido proceso y el control democrático del poder estatal.

Exhorta al Honorable Congreso de la Nación a ejercer plenamente sus atribuciones constitucionales y a revisar el DNU, garantizando un debate legislativo amplio, público y participativo.

Reafirma que toda reforma del sistema de inteligencia debe profundizar los estándares de control civil, transparencia institucional y respeto irrestricto de los derechos fundamentales, entendiendo que la seguridad democrática se construye con instituciones sujetas a la ley y a la Constitución Nacional.