El Gobierno pone el foco en la reforma laboral y posterga la baja de impuestos y los cambios al Código Penal

El Gobierno nacional decidió concentrar sus esfuerzos legislativos en la reforma laboral y dejar en un segundo plano tanto la reforma tributaria como las modificaciones al Código Penal. La sesión en el Senado para darle media sanción al proyecto de modernización del régimen laboral ya tiene fecha: será el 11 de febrero, cuando el oficialismo espera enviar una señal política fuerte a los mercados y contribuir a la baja del riesgo país.

En La Libertad Avanza confían en que, tras ese paso, el proyecto pueda completar su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados una semana después. Aunque el Poder Ejecutivo aún no convocó formalmente al segundo tramo de sesiones extraordinarias, dentro del oficialismo admiten que todos los recursos políticos estarán puestos en la aprobación de la reforma laboral.

Cuando Javier Milei firmó el llamado a extraordinarias en diciembre, el temario incluía seis iniciativas: el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal. Antes de finalizar 2025, el oficialismo logró sancionar los dos primeros proyectos y avanzar con dictámenes sobre la reforma laboral en el Senado y la regla fiscal en Diputados.

Durante el receso parlamentario, sin embargo, los contactos con la oposición y los gobernadores se limitaron casi exclusivamente a la discusión sobre la legislación laboral. En ese marco, trascendió que la modificación de la Ley de Glaciares podría ser utilizada como moneda de cambio para sumar el respaldo de provincias con actividad minera.

La reforma del Código Penal, anunciada en reiteradas oportunidades durante el año pasado, quedó relegada. En su momento, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich había adelantado un endurecimiento de las penas para delitos como homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas, además de la imprescriptibilidad del abuso sexual y del homicidio agravado. No obstante, el proyecto nunca fue enviado al Congreso y, según admiten en el oficialismo, difícilmente se debata en febrero debido a la complejidad y el alto nivel de confrontación que generan este tipo de iniciativas.

Algo similar ocurre con la reforma tributaria, también anunciada en más de una ocasión, pero condicionada por el tratamiento del Presupuesto 2026. El Gobierno aspiraba a derogar leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario para ampliar el margen fiscal, pero la caída del capítulo XI frustró esos planes y dejó expuestas dificultades para reunir los votos necesarios.

Si bien no está en carpeta una reforma integral del sistema impositivo, el proyecto de modernización laboral incluye un capítulo con cambios relevantes que despertaron el rechazo de varios gobernadores, quienes reclaman compensaciones ante una eventual merma en los fondos coparticipables.

Entre las medidas propuestas figuran la reducción de impuestos internos para determinados sectores, una baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3% de las contribuciones patronales y estará destinado a cubrir futuras indemnizaciones.

Este viernes, la mesa política del Gobierno se reunió en la Casa Rosada para delinear la estrategia parlamentaria. Participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y otros funcionarios clave. Pese al encuentro, no hubo consenso sobre el alcance de las concesiones que deberían ofrecerse a las provincias para garantizar el apoyo al proyecto.

En paralelo, la oposición avanza en la búsqueda de los votos necesarios para derogar el DNU que reformó la SIDE. El decreto fue girado a la comisión bicameral, aunque su análisis se demora por la falta de conformación del cuerpo. A partir del 29 de enero, cualquiera de las Cámaras podrá llevar el tema al recinto.

En Diputados, la oposición se acerca al número necesario para abrir una sesión especial en febrero, aunque aún necesita sumar voluntades. En el oficialismo, en cambio, confían en blindar el decreto en el Senado, lo que sería suficiente para que continúe vigente, menciona el portal Infobae.